Decíamos el viernes en Hispanidad que no sería la primera vez que un ministro es expulsado o abucheado o invitado a no acudir a un acto por su gestión. La lógica llamaría a pensar que esto le pasaría a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el 1 de mayo, sobre todo tras los datos de paro. Pero no, Yoli acompañó en Málaga a CCOO y UGT, en una manifestación encabezada por los secretarios generales de ambos sindicatos, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente.

Y lo mismo podríamos decir de Sánchez con las huelgas generales. En España han sido hitos históricos de movilización obrera, principalmente convocadas por CCOO y UGT contra reformas laborales o recortes sociales. Desde la democracia, destacan las de 1988, 2002, 2010 y 2012, siendo la del 29 de marzo de 2012 la última de 24 horas a nivel nacional.

En 1994 contra el plan de empleo juvenil de Felipe González, en 2002 contra el "decretazo" de desempleo de José María Aznar, en 2010 contra la reforma laboral de José Luis Rodríguez Zapatero y en 2012 contra la reforma laboral de Mariano Rajoy, considerada la última gran huelga general de 24 horas.

Y es que Pedro no ha sufrido ninguna, muchos, como Tezanos, pensarán que es por guapo, otros como Yoli, pensanrán que es por Yoli, otros, como RTVE, justificarán que es por su brillante gestón. Pero llama la atención, sin ánimo de relacionarlo, que los sindicatos, responsables de las convocatorias de huelgas, tienen el 'sí a todo del Gobierno', incluyendo aumentos constantes de presupuestos y subvenciones. 

Y es que según los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), estas dos organizaciones sindicales han recibido desde el año 2018, cuando llegó Pedro, en torno a 500 millones de euros. Este dinero ha venido de diferentes organismos estatales, autonómicos, provinciales e incluso locales, porque ningún Gobierno es capaz de romper la baraja y dejarles sin financiación pública, condenándoles a vivir de las contribuciones de sus afiliados, que cada son menos. 

De este total, el dinero entregado por parte del Estado alcanza la cifra récord de 125 millones en los últimos siete años, pasando de los 8,8 millones de 2018 a los 32 millones de 2025, cifra que duplicó la de 2024, que fue de 17 millones.

En definitiva, sindicatos de clase... ¿de qué clase? CCOO y UGT ya no defienden los derechos de los trabajadores: se han convertido en delegaciones privadas financiadas con dinero público.

Y ojo, un detalle más, la manifestación de los sindicatos fue en Málaga, en plena campaña electoral para las Elecciones andaluzas... porque lo que realmente está mal en España es la Andalucía del pepero Juanma.