TeleMadrid se hace eco de la historia de Rocío, que se fue a trabajar a Estados Unidos y alquiló su casa en Pozuelo de Alarcón. Pero Rocío decidió volver a España cuando se quedó embarazada y ahí surgieron los problemas. Comunicó a su inquilina, con dos meses de preaviso, que no renovarían el contrato porque necesitaba la vivienda, y fue en ese momento, hablamos de junio de 2022, cuando la inquilina dejó de pagar la renta de 1.650 euros mensuales y se negó a abandonar la vivienda.

Dicho en otras palabras, pasó de inquilina a inquiokupa. De acuerdo con los datos de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, los 'inquiokupas' representan el 70% de los casos de okupación en España. Estos casos caen en 'tierra de nadie': por ejemplo, Sánchez propuso desalojos en 48 horas, pero sólo para casos de ‘allanamiento de morada y ocupación ilegal de bienes inmuebles’, por lo que este tipo de situaciones quedan fueran y los propietarios se ven obligados a comenzar un calvario judicial. 

La inquilina de Rocío cumple a la perfección con las enseñanzas okupas: se ha declarado vulnerable, por lo que no pueden sacarla de la vivienda. Según el medio, la propietaria asegura que la okupa es empresaria, tiene un coche de lujo y lleva a su hija a un colegio privado. 

"Vine para tener un embarazo tranquilo, darle un hogar a mi niña y esta señora no se va de casa, la ley no hace nada para agilizar estos procesos", asegura Rocío, "Nos gustaría estar en nuestra casa con nuestro bebé y eso esta señora nos lo ha robado".

Rocío comenzó la batalla judicial con una demanda de desahucio por impago, justificando que necesitaba la casa porque no tiene otra donde vivir. Previsiblemente el 8 de febrero debía haberse celebrado el juicio y el 16 de marzo se ejecutaría el deshaucio. Pero la inquilina ha solicitado a Asuntos Sociales que se le conceda la condición de vulnerabilidad.

Mientras la okupa disfruta de la casa de Rocío, ésta tiene que vivir con su familia en casa de sus padres ya que los ingresos que tienen no les permiten alquilar otra casa, su marido está en paro y sin posiblidad de encontrar trabajo, puesto que es americano y no tiene los papeles de residencia y extranjería. 

Rocío denuncia que la ley no contempla la situación de vulnerabilidad de los propietarios de una vivienda: "Nadie tendría por qué estar pasando por esto, la ley no debería amparar este tipo de casos". Algo que recuerda al caso de los propietarios de una vivienda que estaban al borde de entrar en "vulnerabilidad social"... por causa de una inqui-okupa que les adeuda 14.625 euros.