Los programas de tutela y acogida de menores extranjeros no acompañados suponen un gasto anual que en la Comunidad de Madrid ronda los 25.000 euros por menor. Detectar a tiempo a los adultos que se hacen pasar por menores, afirma la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, evita desviar recursos y protege el funcionamiento del sistema.
A más a más, un tercio de las pruebas que se han realizado a menas para determinar su edad desvelan que son mayores de edad, según los datos correspondientes a 2024 en la CAM. Los informes consultados por Vozpópuli revelan que de las 102 evaluaciones efectuadas ese año, en 29 casos se concluyó que la persona que se presentaba como menor era, en realidad, adulta.
La cifra acumulada en los dos últimos ejercicios asciende a 48 detecciones, ya que durante 2025 se han identificado otros 19 supuestos menores que superaban los 18 años. Y todo ello, teniendo en cuenta que sólo en 2024, la Comunidad de Madrid atendió a 2.442 menas, de los cuales apenas un 4% fue sometido a las pruebas científicas de verificación de edad.
Las pruebas utilizadas en estos procesos suelen combinar estudios radiológicos -especialmente de clavícula y mano- con entrevistas psicológicas y análisis documental, si existe. Aunque estos métodos tienen márgenes de error de varios años, los forenses elaboran intervalos de edad y, ante la duda, se aplica el criterio protector recomendado por organismos internacionales: si no se puede afirmar al 100% que es adulto, se considera menor.
A raíz de la gravedad de casos como el de la niña de 14 años, de Hortaleza, violada por un interno marroquí en un centro de menas, que al final resultó tener 23 años, el Gobierno madrileño ha decidido modificar su criterio y ampliar el uso de estas pruebas. Dávila, ha adelantado que denunciarán ante la Fiscalía a todos los menores no acompañados que, a juicio de los servicios sociales, muestren indicios de ser mayores de edad.
