España vuelve a acercarse al verano bajo una sensación inquietante de fatalismo. Cada año regresan las mismas imágenes: montes reducidos a ceniza, pueblos desalojados de madrugada, carreteras cortadas, animales abrasados, familias enteras observando impotentes cómo desaparece el paisaje de toda una vida y un aire irrespirable que cubre durante días comarcas enteras. Cambian los nombres de las localidades, cambian los responsables políticos y cambian los titulares de prensa, pero el drama permanece inalterable. Y lo más preocupante es que ya no hablamos de episodios excepcionales, sino de una crisis estructural que se repite con una regularidad alarmante.
Los datos de la campaña de incendios de 2025 resultan devastadores. Las cifras provisionales del Ministerio para la Transición Ecológica y diversos sistemas europeos de seguimiento sitúan la superficie arrasada en torno a las 355.000 hectáreas quemadas, convirtiendo 2025 en el peor año de incendios forestales en España en más de tres décadas y uno de los más graves desde 1994. Además, se registraron 63 grandes incendios forestales —aquellos que superan las 500 hectáreas— y miles de siniestros menores distribuidos por prácticamente toda la geografía nacional.
Galicia, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Cataluña y otras regiones españolas volvieron a convertirse en símbolos del desastre. Solo algunas provincias como Ourense, León y Zamora concentraron decenas de miles de hectáreas calcinadas. En Zamora, el incendio de Uña de Quintana y Molezuelas de la Carballeda superó las 40.000 hectáreas arrasadas, mientras Galicia sufrió algunos de los peores incendios de su historia reciente.
La superficie arrasada se sitúa en torno a las 355.000 hectáreas quemadas, convirtiendo 2025 en el peor año de incendios forestales en España en más de tres décadas
Pero el fuego nunca es solo fuego. Detrás de cada incendio aparecen problemas acumulados durante décadas: abandono rural, despoblación, políticas erráticas de gestión forestal, montes sin limpiar, burocracia paralizante, fragmentación competencial y una estructura administrativa compleja que, en demasiadas ocasiones, dificulta la rapidez y eficacia de la respuesta. El fuego no entiende de fronteras autonómicas, pero la política española sí parece entender demasiado de ellas. La lucha contra los incendios forestales no empieza cuando aparece la primera columna de humo. Empieza muchos meses antes, durante el otoño y el invierno, cuando deberían ejecutarse los trabajos silenciosos que rara vez ocupan titulares: limpieza forestal, mantenimiento de cortafuegos, retirada de biomasa, desbroce de caminos y cunetas, apertura de pistas forestales y vigilancia preventiva de las zonas de riesgo.
Empieza también con presupuestos adecuados. Y ahí aparecen algunos de los datos más preocupantes de los últimos años. Según cifras oficiales recopiladas por asociaciones profesionales del sector forestal, la inversión pública destinada a prevención cayó desde unos 364 millones de euros en 2009 hasta aproximadamente 176 millones en 2022, una reducción superior al 50%. Mientras tanto, el gasto destinado a extinción se ha mantenido relativamente estable. España ha terminado construyendo un modelo reactivo: cada vez se invierte más en apagar incendios gigantescos y menos en evitar que existan.
Esa contradicción resulta devastadora. El país moviliza enormes recursos cuando el incendio ya está descontrolado, pero durante años ha reducido progresivamente la inversión estructural en prevención y gestión forestal. La consecuencia es evidente: masas forestales abandonadas, acumulación de combustible vegetal y fuegos cada vez más difíciles de contener. A ello se añade otro problema de fondo: el abandono del mundo rural.Durante siglos, agricultores, ganaderos, pastores y leñadores mantuvieron el monte limpio mediante su propia actividad económica. Existía una relación constante entre las comunidades humanas y el territorio. El campo español estaba trabajado, recorrido y vigilado. Hoy, enormes extensiones permanecen prácticamente abandonadas gran parte del año. La despoblación rural no es únicamente un problema demográfico o económico. Es también un problema medioambiental y de seguridad nacional. Donde antes había ganado limpiando monte bajo, hoy proliferan maleza, matorral seco y biomasa acumulada. Donde antes existía actividad humana constante, hoy aparecen kilómetros de terreno sin mantenimiento. Cuando llegan las olas de calor, el viento y la sequía extrema, el resultado es un escenario perfecto para incendios cada vez más violentos.
Detrás de cada incendio aparecen problemas acumulados durante décadas: abandono rural, despoblación, políticas erráticas de gestión forestal, montes sin limpiar, burocracia paralizante, fragmentación competencial y una estructura administrativa compleja que, en demasiadas ocasiones, dificulta la rapidez y eficacia de la respuesta
Los expertos hablan ya de incendios de sexta generación: fuegos extremadamente agresivos capaces de modificar incluso las condiciones atmosféricas a su alrededor, generando comportamientos imprevisibles, temperaturas extremas y velocidades de propagación imposibles de controlar con medios convencionales. Cataluña, Galicia y Castilla y León ya han sufrido episodios de estas características. Por supuesto, el cambio climático influye en este fenómeno. Las olas de calor son más intensas, las sequías más prolongadas y las condiciones extremas más frecuentes. Pero reducir toda la responsabilidad al clima sería también una forma cómoda de ocultar errores políticos y administrativos acumulados durante décadas. El calor no puede evitarse; la falta de prevención sí. Y es precisamente ahí donde emerge uno de los grandes problemas españoles: la compleja estructura competencial derivada del sistema autonómico.
Las competencias ordinarias en prevención y extinción corresponden principalmente a las comunidades autónomas, mientras que el Estado interviene mediante medios de apoyo y coordinación extraordinaria, incluyendo la UME, las BRIF y parte de los medios aéreos estatales. Sobre el papel, el sistema exige cooperación permanente y coordinación eficaz. En la práctica, demasiadas veces deriva en fragmentación administrativa, reproches políticos y respuestas desiguales según el territorio. Cada administración termina señalando a otra cuando llega la tragedia. Los ayuntamientos denuncian falta de medios para limpiar montes y mantener infraestructuras forestales. Las comunidades autónomas reclaman más financiación estatal. El Gobierno central responde defendiendo el incremento de medios de extinción y refuerzo operativo. Mientras tanto, el fuego avanza sin esperar ruedas de prensa ni debates partidistas.
La realidad es incómoda: España sigue sin disponer de una auténtica política forestal nacional integrada, capaz de coordinar prevención, gestión del territorio y respuesta estratégica a largo plazo. Existen políticas dispersas, muchas veces condicionadas por calendarios electorales, tensiones ideológicas y conflictos competenciales. Y el monte termina pagando esa descoordinación. No se trata de negar el esfuerzo extraordinario de miles de profesionales. Brigadistas, bomberos forestales, miembros de la UME, pilotos, agentes medioambientales y voluntarios arriesgan cada verano sus vidas en condiciones extremas. España dispone de profesionales admirables y altamente preparados. Lo que falla demasiadas veces es el engranaje político y administrativo que debería respaldarlos mucho antes de que aparezcan las llamas.
España ha terminado construyendo un modelo reactivo: cada vez se invierte más en apagar incendios gigantescos y menos en evitar que existan
En este contexto, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico debería asumir un liderazgo más sólido y continuado. No basta con coordinar emergencias una vez declarada la catástrofe. Se necesita planificación nacional, anticipación técnica y estabilidad presupuestaria. Se necesita también una visión menos burocrática y más práctica de la gestión forestal. Durante años, parte del debate político ha oscilado entre el ecologismo declarativo y el abandono real del monte. Sin embargo, proteger el medio ambiente no consiste únicamente en prohibir actividades humanas o multiplicar normativas. También implica gestionar activamente el territorio. Un bosque abandonado no es necesariamente un bosque protegido. Muchas veces es exactamente lo contrario: un polvorín esperando la primera chispa.
La experiencia de agricultores y ganaderos sigue siendo esencial. Son ellos quienes conocen los ciclos de la tierra, las zonas de riesgo y la importancia del mantenimiento continuo del terreno. Recuperar actividad económica en el medio rural es también una forma de prevención forestal. Donde hay vida, trabajo y presencia humana constante, el monte suele estar más cuidado.
El problema español es además profundamente político. La tragedia del fuego se ha convertido con demasiada frecuencia en una herramienta de confrontación partidista. Cada gran incendio deriva rápidamente en un intercambio de acusaciones entre administraciones. Las responsabilidades se diluyen mientras las hectáreas quemadas siguen aumentando. Y sin embargo, el fuego no distingue ideologías. Las llamas no preguntan a quién pertenece una competencia administrativa ni se detienen ante una frontera autonómica. El incendio avanza allí donde encuentra abandono, combustible acumulado y falta de previsión. Su verdadero aliado no es el calor, sino la desidia.
España necesita comprender que la lucha contra los incendios forestales debe convertirse en una auténtica política de Estado. Tan importante como la seguridad energética, las infraestructuras críticas o incluso la defensa nacional. Porque, en cierto modo, lo es. Lo que arde cada verano no son únicamente árboles: arde patrimonio natural, economía rural, biodiversidad, paisaje, seguridad y parte de la memoria colectiva de un país entero. Las más de 355.000 hectáreas calcinadas en 2025 no representan solamente una estadística medioambiental. Representan pueblos amenazados, explotaciones destruidas, ecosistemas desaparecidos y una parte del paisaje español consumida lentamente por la incapacidad política de construir una estrategia nacional verdaderamente preventiva.
La solución exige decisiones difíciles, pero inevitables. Hace falta inversión estable y continuada en prevención forestal. Hace falta reforzar plantillas permanentes y no depender exclusivamente de contrataciones estacionales. Hace falta coordinación real entre administraciones mediante protocolos comunes y planificación conjunta. Hace falta devolver población y actividad económica al medio rural. Hace falta escuchar más a técnicos y profesionales y menos a estrategas de partido. Y hace falta, sobre todo, lealtad institucional. Una lealtad auténtica, no retórica. Una lealtad que sitúe la protección del territorio por encima de la disputa política inmediata. Porque ningún gobierno autonómico puede afrontar solo un desafío de esta magnitud, pero tampoco puede el Estado limitarse a actuar como coordinador distante mientras las competencias fragmentadas ralentizan decisiones esenciales.
España no puede resignarse a contemplar cada verano como una temporada inevitable de destrucción. No puede acostumbrarse a convertir el fuego en paisaje habitual ni aceptar que cientos de miles de hectáreas desaparezcan año tras año como si se tratara de una fatalidad inevitable. El calor seguirá llegando. El viento seguirá soplando. La sequía seguirá golpeando periódicamente nuestra geografía. Pero sí podemos evitar que el monte se convierta en un combustible infinito. Sí podemos impedir respuestas improvisadas. Sí podemos evitar que la burocracia y la rivalidad política retrasen decisiones vitales.
