El exsenador Luis Peral, expulsado del PP por provida, representado por la Asociación Española de Abogados Cristianos, ha presentado una demanda ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Madrid contra el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por ocultar el número de abortos realizado desde 2019 en cada hospital público y centro privado de España, informa la propia Asociación.

Peral solicitó al Ministerio de Sanidad dicha cifra en noviembre de 2020 y, hasta el momento, no ha obtenido respuesta. El Ministerio ha respondido a su solicitud facilitándole los datos generales de número de abortos sin especificar cuántos se han realizado en cada centro.

El exsenador asegura que “el dato solicitado debería ser público en base a la ley de transparencia”. Recuerda que “los centros privados tienen conciertos con la sanidad pública y por tanto, es un dato de interés que los ciudadanos tienen derecho a conocer”. “Sólo en 2020, el Gobierno gastó 32 millones de euros en empresas privadas que realizan abortos”.

Recuerda que los centros privados tienen conciertos con la sanidad pública y por tanto, es un dato de interés que los ciudadanos tienen derecho a conocer

Peral denuncia que “hasta el momento, sólo encuentra excusas por parte del Ministerio de Sanidad que justifica su opacidad en la ley de protección de datos”. El exsenador insiste: “No se trata de dar el nombre de las mujeres que han sufrido un aborto, sino el número de abortos realizado en cada centro”. Además, hace unos meses, denunció al Tribunal Constitucional (TC) ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH), junto a otros ex diputados provida del PP (Lourdes Méndez, que ahora está en Vox) y José Eugenio Azpiroz, como informó Hispanidad, recordando que el TC lleva más de 10 años sin dictaminar sobre la Ley de aborto. 

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, destaca que “ocultando ese dato, el Ministerio lo que esconde es el precio al que se están pagando los abortos a estas empresas privadas”. Recuerda que los centros de aborto tienen conciertos con la sanidad pública y esos contratos, según la Ley de Transparencia, deberían ser públicos. Es injustificable la opacidad que hay en torno a la industria del aborto”.

En España, casi el 86% de los abortos que se realizan se hacen en clínicas privadas concertadas con la sanidad pública, según datos ofrecidos por Público en septiembre de este año.

Y es que, según Público, la objeción de conciencia de los médicos -reconocida en la actual ley del aborto de 2010- ha sido "uno de los mayores frenos a lo largo de la última década para que las mujeres pudieran interrumpir su embarazo en la sanidad pública".

Por eso, la ministra de Igualdad, Irene Montero, tramita una reforma de la ley del aborto para crear un registro de médicos, enfermeras y personal objetor de conciencia ante el aborto, con el objetivo de garantizar “el derecho a interrumpir embarazos” en hospitales públicos. La ministra de Igualdad dijo el 8 de julio que “el derecho de los médicos a la objeción de conciencia no puede estar por encima del derecho de una mujer a decidir”, lo que suscitó que 52 colegios médicos consideran sus propuestas como “inaceptables, ilegales e injustas”, recogió Hispanidad.

Y recordemos también que el Papa Francisco ha dicho que el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales de la salud “nunca es negociable”. El Santo Padre argumentó que la objeción de conciencia “es también una denuncia de las injusticias cometidas contra la vida inocente e indefensa”, recogió Hispanidad.