El Juzgado de Instrucción nº13 de Madrid ordena la apertura de diligencias contra Fernando Simón por su gestión de la crisis del coronavirus, aunque la querella de Abogados Cristianos que lo ha motivado, va dirigida a la cúpula del gobierno de PSOE y Podemos. 

La querella va dirigida contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los vicepresidentes en el momento del inicio de la pandemia, Pablo Iglesias y Carmen Calvo, los ministros responsables de la gestión de la crisis: ministra de Defensa, Margarita Robles; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el ya exministro de Transportes, José Luis Ábalos; y el entonces titular de Sanidad, Salvador Illa; así como contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón y la ministra de Igualdad, Irene Montero. 

En su auto, el juzgado ordena incoar diligencias previas "por el presunto delito de Prevaricación administrativa contra D./Dña. FERNANDO SIMON SORIA, D./Dña. IRENE MARIA MONTERO GIL, D./Dña. MARGARITA ROBLES FERNANDEZ, D./Dña. PABLO IGLESIAS TURRION, D./Dña. FERNANDO GRANDE MARLASKA GOMEZ, D./Dña. JOSE LUIS ABALOS MECO, D./Dña. SALVADOR ILLA ROCA, D./Dña. CARMEN CALVO POYATO y D./Dña. PEDRO SANCHEZ PEREZ CASTEJON. Dese parte de incoación al Ministerio Fiscal".

El juzgado añade: "Practíquense las diligencias siguientes: Remítanse las actuaciones al Ministerio Fiscal para informe, habida cuenta de que sobre la situación procesal de las personas aforadas en el momento en que se presentó la querella en el Tribunal Supremo, ya fue resuelta por dicho Tribunal. Por lo tanto , se remite a la Fiscalia a los efectos de que el informe se ciña a la persona que no estaba aforada y que sería D.FERNANDO SIMON SORIA, y si sobre esta persona existen indicios de la comisión de ilícito penal alguno".

Un gobierno al que no le importa la vida de sus ciudadanos, sino únicamente imponer su ideología, debe ser juzgado e inhabilitado, ahora que los jueces y tribunales aún pueden ser independientes

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, denuncia que “todos tenemos un familiar o un amigo que ha muerto por la mala gestión y las mentiras del gobierno en torno al covid, es hora de que se haga justicia a todos ellos”. Denuncia que “un gobierno al que no le importa la vida de sus ciudadanos, sino únicamente imponer su ideología, debe ser juzgado e inhabilitado, ahora que los jueces y tribunales aún pueden ser independientes”. Recuerda que “este gobierno, sabía que ocultando la realidad del coronavirus hasta después del 8M, ponía en riesgo la vida de los más vulnerables, pero no le importó” e insiste en que “esta forma de actuar es sólo una muestra más de la actitud eutanásica de este gobierno que desprecia la vida de los mayores y los discapacitados”. 

Abogados

En Francia, una exministra de Sanidad, Agnès Buzim, fue imputada por un tribunal francés por no hacer lo suficiente para proteger a los franceses del Covid

Cabe recordar que, en diciembre de 2020, el Tribunal Supremo acordó la inadmisión a trámite de 50 querellas y denuncias presentadas en los últimos meses por distintos sindicatos, asociaciones, organizaciones profesionales del ámbito de la sanidad y de las Fuerzas de Seguridad, familiares de víctimas del coronavirus y un partido político (Vox) contra el Gobierno por su gestión durante la crisis de la Covid, al considerar que no está debidamente justificada la autoría de los hechos punibles atribuidos a los miembros del Ejecutivo, recogió La Vanguardia. 

El Supremo acordó, no obstante, deducir testimonio de esas querellas y denuncias y remitirlas al Juzgado decano de los Juzgados de Madrid para que se incoen las causas penales que correspondan, o se acumulen a las que ya estén siendo o hayan sido objeto de tramitación. En especial, según explica el auto, esas investigaciones por los juzgados ordinarios deben incidir en las muertes en residencias de la tercera edad, en la eventual omisión de las medidas de seguridad que se brindaron a los profesionales sanitarios o a los policías, y a una posible malversación de fondos públicos en la contratación de materiales fallidos o fraudulentos para combatir la pandemia, añadió La Vanguardia. 

Los magistrados señalan que cuando las diligencias que practiquen esos juzgados evidencien la existencia de indicios de responsabilidad contra algún aforado, será el momento de que el juez de instrucción, en su caso, eleve una exposición razonada sobre ellos al Supremo, apuntó el mismo medio. 

También cabe recordar que, como informó Hispanidad, en Francia, una exministra de Sanidad, Agnès Buzim, fue imputada por un tribunal francés por no hacer lo suficiente para proteger a los franceses del Covid.