Me van a permitir que me presente como testigo de cargo en esto de la renovada acusación que se viene haciendo periódicamente desde hace cinco años, siempre que al gobierno le viene bien para desviar la atención de sus propias culpas y corrupciones. Y sí, lo hago de esta manera, como testigo porque pasé un internamiento por Covid donde acaricié la acuciante falta de vida, en las mismas fechas en las que en España morían como chinches sus ciudadanos y nos sometían a un férreo encierro domiciliario, tras una cortina de imposiciones ilegales como se demostró años después y una cortina de mentiras que hoy todos han olvidado, hasta la oposición.

Ahora, otra vez, vuelve el gobierno y sus lacayos partidistas -asociaciones ad hoc para ello, los medios subvencionados y los partidos interesados-, a remover el avispero de los ancianos fallecidos, cuando España estaba encerrada y prohibidos los traslados. Pero la cosa no es tan fácil, y procuraré explicarlo…

Isabel Díaz Ayuso se ha convertido, por méritos propios, en el principal contrapunto político al Gobierno de Pedro Sánchez. Su estilo directo, su defensa sin complejos de la libertad económica y su resistencia firme a las imposiciones ideológicas del Ejecutivo la han erigido en el mayor obstáculo interno a la agenda del sanchismo. Y, como consecuencia, se ha convertido también en el blanco predilecto de los ataques mediáticos, judiciales y políticos desde la izquierda.

La reapertura del caso de las muertes en las residencias madrileñas durante la pandemia no puede entenderse en términos estrictamente judiciales o éticos. El fondo de la cuestión es mucho más crudo: eliminar o debilitar al mayor activo político del centro-derecha español, es decir, guste o no, Isabél Díaz Ayuso. Las imputaciones a ex altos cargos del Gobierno regional por los llamados “protocolos de la vergüenza” se presentan como un intento de construir un relato penal contra Ayuso, aunque ni firmó los documentos ni existen pruebas de que diera órdenes al respecto.

Se olvida, además, un dato fundamental: Madrid no fue la única comunidad autónoma golpeada por el drama de las residencias. En Cataluña, con el gobierno independentista al frente, fallecieron más de 4.000 mayores en residencias durante la primera ola; en Castilla y León, gobernada entonces por el PP y Cs, murieron más de 3.000; en Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista Emiliano García-Page, las cifras superaron los 2.500 fallecidos. En todas ellas hubo caos, protocolos confusos, falta de medios y muchas decisiones difíciles. Pero solo Madrid está siendo judicial y políticamente señalada, lo que evidencia la intencionalidad selectiva del ataque.

No se confunda el lector, porque no se trata de hacer una defensa de la edil madrileña, sino de denunciar un activismo político desde el gobierno buscando un oportunismo sin recorrido jurídico con el que quiere embarrar la imagen de su mayor enemigo y, esto es casi peor, enmascarar sus propios problemas jurídicos y de corrupción. Desde el PSOE, la izquierda busca ahora, cinco años después del estallido del Covid, responsabilizar a Ayuso de decisiones sanitarias que, además de no haber sido personales, ocurrieron en un contexto de absoluta improvisación e incertidumbre a nivel mundial. Y lo hacen, paradójicamente, los mismos que en aquel momento, desde el Gobierno central, prometían auditorías que nunca llegaron, como dijo y nunca hizo Pablo Iglesias, o escondían su responsabilidad bajo el paraguas del estado de alarma.

En Cataluña, con el gobierno independentista al frente, fallecieron más de 4.000 mayores en residencias durante la primera ola; en Castilla y León, gobernada entonces por el PP y Cs, murieron más de 3.000; en Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista Emiliano García-Page, las cifras superaron los 2.500 fallecidos

Por lo tanto, no se trata de justicia. Se trata de neutralizar políticamente a quien representa el verdadero peligro para Sánchez. Porque Ayuso, a diferencia de otros dirigentes populares, no se acomoda, no titubea, no pacta con la ambigüedad, aunque en ocasiones sea puro y duro marketing político. Su presencia es incómoda porque rompe el tablero de juego que la izquierda necesita: una oposición domesticada, atemorizada o, en el mejor de los casos, colaboracionista.

Y aquí entra el factor Feijóo. El actual líder del Partido Popular no genera miedo en Moncloa. Su perfil institucional, su tono moderado y su tendencia al cálculo político lo hacen previsible, e incluso útil para hacer oposición a la oposición en determinados escenarios. No es casual que desde el entorno socialista apenas se le ataque con la virulencia que sí se reserva para Ayuso. De hecho, algunos sectores del PSOE y del Gobierno han llegado a admitir en privado que "con Feijóo se puede hablar" porque es maleable, mientras que a Ayuso “hay que pararla como sea”.

La guerra contra Ayuso no se libra solo en los juzgados, esa guerra es la que menos les preocupa porque saben que no les llevará a ninguna parte. Donde verdaderamente se batalla es en los medios de comunicación, donde columnas, tertulias y editoriales repiten los mismos titulares: “la presidenta insensible”, “la ideóloga ultraliberal”, “la que dejó morir a los ancianos”. Una construcción emocional cargada de subjetividad, con la que se manipula la opinión popular de la sociedad con la que pretende erosionar su imagen pública apelando al dolor de las víctimas de la pandemia. Sin embargo, nadie parece recordar que el Gobierno central tampoco protegió a esas personas ni ejerció control real sobre las residencias, pese a haberse arrogado competencias mediante el estado de alarma.

No se confunda el lector, porque no se trata de hacer una defensa de la edil madrileña, sino de denunciar un activismo político desde el gobierno buscando un oportunismo sin recorrido jurídico con el que quiere embarrar la imagen de su mayor enemigo y, esto es casi peor, enmascarar sus propios problemas jurídicos y de corrupción

Lo que molesta de Ayuso no es el pasado, sino el presente y el futuro. Molesta su autonomía política dentro del PP, su liderazgo consolidado en Madrid, su lenguaje claro y su capacidad de conectar con sectores sociales muy diversos, incluidos jóvenes, autónomos y clases medias hastiadas del intervencionismo de la izquierda. Molesta que no se pliegue al discurso dominante ni tenga miedo de denunciar los excesos del Gobierno, ya sea en materia sanitaria, educativa o judicial.

El caso de las residencias está siendo instrumentalizado con una finalidad política muy concreta: impedir que Ayuso llegue al escenario nacional con fuerza y respaldo. En otras palabras, temen que la figura que hoy gobierna Madrid sea mañana quien ponga fin al ciclo del sanchismo. Y esa posibilidad, para la izquierda gobernante, es simplemente intolerable.

La verdad de la pandemia (Planeta) Cristina Martín Jiménez. Conviene recordar este libro publicado en 2022 donde está lo suficientemente cerca de los hechos y lo suficientemente lejos para que su autora nos dé una visión real de lo que sucedió, y de cómo y quién estaba detrás de los sucesos de esta maniobra, que cada día nos ofrece menos dudas sobre lo que realmente sucedió: un verdadero experimento social global con humanos a los que se utilizó como verdaderas cobayas, de las que los muertos piden justicia mientras que los políticos los usan como arma arrojadiza, sin que ninguno de ellos dimita.

El suicidio de España (Almuzara) Luis Haranburu Altuna. Esta es la verdadera urgencia de España porque España vive una transformación inquietante que pone en riesgo los fundamentos de la democracia surgida de la Transición. El autor expone, con rigor histórico y filosófico, cómo el gobierno de Pedro Sánchez ha erosionado las instituciones y favorecido una aceptación social del autoritarismo. El ensayo analiza la subordinación del poder legislativo y judicial, y advierte sobre una deriva política de incierto retorno.

 El número 1 (La esfera de los libros) Carlos Cuesta. Algunas de las razones del acoso al rival político, en vez de afrontar las responsabilidades, es lo que este libro nos pone en bandeja. La investigación judicial y periodística vincula al entorno de Pedro Sánchez con una red de tramas y casos de corrupción, donde aparece citado como “el 1”. Mientras controla instituciones clave y ataca la Justicia y la prensa, su Gobierno avanza hacia un modelo autoritario. Carlos Cuesta documenta esta deriva que amenaza la democracia y la unidad nacional.