Ada Colau, imputada
En las últimas semanas la actualidad gira en torno a la 'centrífuga' Inmaculada Colau por asuntos relacionados con la justicia. Para empezar, La alcaldesa de Barcelona considera que no debe dejar el cargo pese a estar imputada por supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones -por 1,2 millones- y por la que declara este viernes 4. La edil barcelonesa ha expresado su malestar al respecto: «Me da rabia que se quiera criminalizar a unas entidades sociales y quererlas mezclar con corrupción cuando lo que es la corrupción son grandes empresas con ánimo de lucro que compran políticos y técnicos para tener acceso a contratos públicos. Esto es corrupción».
La Justicia tiene que dilucidar pues si la regidora ha incurrido en los presuntos delitos de presunta malversación, prevaricación, fraude, negociaciones prohibidas y tráfico de influencias. El juzgado abrió un procedimiento contra ella tras aceptar la querella que interpuso la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD) y que presentó en diciembre.
Pero Colau asegura sentirse muy "tranquila". Quien quizá no lo esté tanto sea alguno de los miembros de su equipo, ya que la alcaldesa presentó un escrito ante el juez señalando que en todo caso, la responsabilidad de desviar los fondos públicos al Observatorio DESC –entidad en la que trabajó Colau antes de dar el salto a la política–, Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) recae en la Comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deporte que preside la concejal de En Comú Podem Laura Pérez Castaño. «La alcaldesa no forma parte de esta comisión», explican los abogados de Colau.
A esta imputación de la podemita se une ahora una denuncia por acoso laboral a un agente de la Guardia Urbana. En este contexto el sindicato CSIF ha puesto el grito en el cielo tras el expediente disciplinario que ha abierto el Ayuntamiento contra un agente por, a su juicio, ayudar a personas vulnerables en riesgo de exclusión social.
Según La Razón, el agente en cuestión pertenece a la Guardia Urbana de Proximidad, o Policía de Barrio, en Ciutat Vella, uno de los distritos más conflictivos de Barcelona. El sindicato asegura que “por su labor altruista y su dedicación, es un agente ejemplar y, por ello, ha sido felicitado en varias ocasiones por los mandos del cuerpo. Es una persona sensible en el tema asistencial y en la resolución de conflictos y ayuda a la gente más vulnerable dentro y fuera del servicio”. No obstante, ahora se le abre un expediente por desobediencia a un superior. La desobediencia: mediar en una embajada con un ciudadano extranjero que reclamaba ayuda para regresar a su país de origen fuera de su horario laboral.
