Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamos las informaciones sobre corrupción -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal. 

1.-Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela: el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama -titular del Juzgado Central de Instrucción número 4- dictó el pasado 19 de mayo un auto en el que llama a declarar como imputado el próximo 17 y 18 de junio al expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y otros conectados (como la falsedad documental o la utilización de sociedades instrumentales para ocultar fondos) cometidos por medio de una red liderada por él, que habría obtenido concesiones de organismos públicos, como por ejemplo, el rescate de 53 millones concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea Plus Ultra, en el año 2021, durante la pandemia. Además, el juez Calama ha abierto una pieza separada para investigar al expresidente Zapatero por un presunto delito fiscal y de contrabando debido al hallazgo en su despacho de joyas de alto valor -1,3 millones de euros, según la tasación- y cuyo origen “en estos momentos no está justificado”. 

Ayer recogimos que Zapatero había pedido al juez Calama un nuevo retraso en su declaración para reunir documentación que le ayude en su defensa en la pieza sobre las joyas. Pero el juez Calama ha rechazado ese nuevo retraso. Así que mañana miércoles 17 de junio, Zapatero deberá responder sobre el caso Plus Ultra. Y el jueves 18 de junio, lo hará acerca de la pieza separada por las joyas. 

2.-Caso Begoña Gómez: el juez Juan Carlos Peinado (Titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid) dictó el pasado 13 de abril un auto de procesamiento para la esposa del presidente del Gobierno por cuatro delitos y la envía a un juicio ante un jurado popular: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. En el auto también procesa a su ayudante Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés. La acusación particular, ejercida por Hazte Oír, pide 24 años de cárcel para la mujer del presidente. Cabe recordar que el juez Peinado había citado a Begoña Gómez, a su ayudante Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés, el próximo 9 de junio, para una audiencia previa al juicio con jurado popular, advirtiendo que si los tres acusados no acuden a esa cita para "tratar de eludir la acción de la justicia", podrán "ser conducidos por la fuerza pública". Pero luego el juez accedió a retrasar la comparecencia a ayer lunes 15 de junio, que fue cuando finalmente se produjo durante tres horas. 

Ahora, el juez Peinado tiene tres días para decidir qué medidas cautelares adopta para los tres encausados. Las acusaciones populares pidieron la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y comparecencias periódicas en el juzgado, medidas a las que se han opuesto Fiscalía y defensas. 

Además, ahora el magistrado deberá decidir si finalmente abre juicio oral contra ellos ante un jurado popular. 

Por otra parte, quedan recursos de las defensas ante la Audiencia Provincial de Madrid pendientes de resolver por ésta. 

Por ejemplo, el recurso de la defensa de Gómez contra el juicio con jurado popular. Además, hubo otro recurso de las defensas contra la convocatoria de la llamada “audiencia preliminar” (o “vistilla”) previa a la apertura de juicio oral. Y otro contra la denegación de diligencias de investigación solicitadas por las defensas.

3.-Caso Leire Díez: el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga en el 'caso Leire Díez' una operación encubierta y de cloacas -orquestada presuntamente por el ‘one’, Pedro Sánchez- para acabar con los jueces, fiscales y guardias civiles que investigaban a personas de su entorno, al PSOE o al Gobierno. Esa operación, Sánchez se la encargó -presuntamente- a las cloacas del PSOE y consistía en buscar trapos sucios de esas personas (jueces, fiscales, guardias civiles...), para neutralizarlos profesionalmente. En esa trama de cloacas jugaron un papel destacado los imputados por el juez Pedraz, es decir, Santos Cerdán, Leire Díez, Gaspar Zarrías, Javier Pérez Dolset y la actual gerente del PSOE, Ana Fuentes. 

Entre las personas concretas a las que la trama quiso perjudicar figuran el teniente coronel Antonio Balas (jefe de Delincuencia Económica de la UCO de la Guardia Civil), el fiscal anticorrupción José Grinda, el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, la jueza Beatriz Biedma (la que ha encausado a David, el hermano del presidente del Gobierno), el juez Juan Carlos Peinado (el que investiga a la mujer de Pedro Sánchez) y el exjuez (jubilado) Manuel García-Castellón. 

En relación a este caso, la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) ha pedido personarse como acusación popular para defender la neutralidad y "el buen nombre" de la Guardia Civil. Jucil asegura que "actuará con pleno respeto a la dirección judicial, al secreto de las actuaciones y a la presunción de inocencia, sin prejuzgar responsabilidades". 

4-Caso Koldo: dentro del caso Koldo, el Tribunal Supremo investiga la derivada de las mascarillas (una supuesta trama de comisiones a cambio de obras públicas y contratos de suministro de material médico), donde están siendo juzgados el empresario y comisionista Víctor de Aldama, Koldo García y su antiguo jefe José Luis Ábalos, por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Esta causa la asumió el Supremo porque Ábalos era aforado como diputado cuando arrancó la investigación. Como recogió Hispanidad, ya se desarrolló la etapa del juicio oral. 

Según informa OK Diario, en el Tribunal Supremo ya se ha deliberado sobre la sentencia en este caso. Y parece que hay unanimidad en las condenas a Ábalos y a Koldo:  al exministro podrían caerle entre 10 y 14 años de prisión, de los que cumpliría efectivamente entre 6 y 9, frente a los 24 años solicitados por Anticorrupción. Mientras que para Koldo García, se baraja entre 8 y 11 años, de los que cumpliría en torno a 5 o 6, frente a los 19 y medio reclamados por la acusación pública. En el caso de Víctor de Aldama, el tribunal todavía no ha conseguido la unanimidad en el fallo que busca el presidente del Tribunal, Andrés Martínez Arrieta.