Si alguna formación política quisiera asegurar su futuro no hay nada como prestar atención a la juventud y emprender medidas que defienda la natalidad y la familia. Hasta entonces llevamos décadas de divorcio y no hay signos de mejora.
Mientras la mayoría de los países europeos ven en la familia y la infancia una inversión de futuro, España parece haber optado por un camino diferente. Las cifras son demoledoras: la tasa de natalidad se hunde, los jóvenes no pueden emanciparse, los que trabajan cuentan con contratos precarios y salarios bajos, faltan viviendas asequibles, las ayudas a las familias son casi nulas y, en muchos casos, residuales, y cuando consiguen apenas conciliar padecemos escasez de guarderías y una de las jornadas laborales más improductivas de la UE. Somos un país con más mascotas que hijos. Por ello, la comparativa con nuestros vecinos europeos es un espejo que refleja un problema estructural y casi ningún gobierno en España acomete seriamente especialmente desde hace décadas, y en especial desde la crisis del 2007, pese a tanto bombo y platillo.
En su lugar, últimamente se apuesta por traer MENAS que teóricamente deberían sufragar las pensiones de los mayores, suplir la falta de mano de obra y la baja natalidad en la pirámide vegetativa, aunque la realidad sea muy distinta. La impresión más generalizada es que hay más ayudas sociales interesadas a estos menores extranjeros no acompañados que a los padres con hijos para fomentar la descendencia autóctona.
En España, el gasto público en políticas de familia apenas alcanza el 1,3% del PIB, muy por debajo del 2,2% de la media de la UE. Esta brecha no es un simple dato, sino una realidad palpable en el día a día de millones de hogares. Se repite a menudo, pero el gasto social podría ser muy superior si se priorizaran las partidas, constriñera el despilfarro millonario en miles de entidades improductivas sin valor añadido, o se combatiera las exageradas tramas de corrupción encaminadas al enriquecimiento de unos golfos en el cargo y los partidos que lo encubren.
En la mayoría de los países nórdicos, la infancia es una prioridad indiscutible por encima de toda política social. En Suecia, Noruega y resto de Escandinavia, las ayudas directas por hijo son la norma. Además, los permisos parentales son largos y flexibles, y están diseñados para que ambos progenitores participen de la crianza durante largo tiempo. No es nada infrecuente que en sus políticas de Estado se sufraguen guarderías gratuitas. En Suecia, los padres pueden disfrutar de hasta 480 días de permiso parental, en Dinamarca es de unos 322 días, una cifra que contrasta con hasta las 22 semanas aproximadas que ofrece España (154 días), en la mal llamada “Dinamarca del Sur”.
En Francia, un país con una de las tasas de natalidad más altas de Europa, la inversión en la infancia es una política de Estado que se respeta incluso cuando se alterna la oposición. Las familias reciben un cheque mensual por cada hijo, una ayuda al cuidado que se suma a la amplia oferta de guarderías públicas de calidad y asequibles; ayudas a la escuela, a la manutención (hasta 500 €); complemento familiar y asignación por incapacidad entre otras. El sistema francés entiende que invertir en la conciliación es la clave para que las mujeres no tengan que elegir entre su carrera profesional y la maternidad.
Alemania, por su parte, apuesta por la flexibilización horaria, jornadas a tiempo parcial y el teletrabajo como herramientas para el bienestar familiar. Las ayudas de 255 euros por mes e hijo (Kindergeld) se conceden con independencia de la clase social de los padres con un amplio consenso entre los gobiernos de partidos socialdemócratas, liberales y democristianos. Las guarderías, escuelas y universidades son públicas y gozan de calidad, los libros de textos se compran de segunda mano, hay ayudas al alquiler, el transporte público cuando se desiste de la bicicleta es gratuito para los escolares y la sanidad es de espectro estatal muy apreciada. Además, la jornada laboral es de 30 horas semanales en muchos sectores, se permite una baja parental de hasta tres años con reducción salarial, y cuenta además con exenciones fiscales por hijo en la declaración del IRPF. Pensando en las magras arcas para las pensiones, el actual canciller Friedrich Merz ha propuesto pagar 10 €/mes a todos los niños entre los 6 y 18 años para incentivar el ahorro con vista a la futura jubilación.
En la Hungría de Viktor Orbán -que predica con el ejemplo de sus 5 hijos- se han planteado fomentar la natalidad (en lugar de la migración extranjera) a cambio de dejar de pagar impuestos de la Renta, bajas de maternidad que pueden prolongarse hasta 3 años, un programa de creación de viviendas de 32.000 euros a fondo perdido por familia, ayudas para comedores escolares, libros de textos, adopción así como vacaciones pagadas en verano en el lago lago Balaton, conocido como el “Mar húngaro” .
Otra de las ventajas que aportan muchos de los países vecinos en la UE es el efecto “ahorro de los impuestos". Aunque en España se pagan excesivos impuestos, el contribuyente español, a diferencia de sus homólogos europeos, se ve casi obligado a pagar dos veces de su bolsillo por el mismo concepto al buscar una alternativa en manos privada que supla las carencias del servicio público, ya sea para la educación, la seguridad, los transportes, la sanidad o la jubilación, entre otros. En ningún país que se sepa se ha optado a otra estrambótica medida española: desgravar de la Renta 100 euros al año por adoptar una mascota. Hijos no, pero animales de compañía sí merecen exenciones fiscales, pero no por los gastos veterinarios. La ocurrencia es esta vez cosa del PP y del presidente andaluz Moreno Bonilla.
La cultura del presencialismo que impera en España, con jornadas laborales interminables, es una losa que impide la conciliación real y el disfrute de la familia. Todo ello a pesar de gobernar desde hace casi una década el partido más social de la historia que presume el presidente Pedro Sánchez.
La falta de conciliación se eterniza y se convierte en un círculo vicioso: los padres no pueden reducir sus jornadas, por lo que los niños pasan más tiempo fuera de casa. Los menores en no pocas ocasiones “se aparcan” en centros escolares y guarderías sufriendo jornadas equivalentes a las laborales de sus tutores/padres de ocho/nueve horas diarias de lunes a viernes. Que tanto estrés infantil incida en el desarrollo cognitivo y afectivo en el menor es algo que tienen claro en Europa salvo al parecer en España.
El modelo español de ayudas además, se aleja de la idea de universalidad que promueven otros países. Mientras que en cierta parte de Europa las ayudas a la natalidad son a menudo universales y directas (una cantidad mensual por cada hijo, independientemente de la renta), en España el modelo es más una combinación de asistencia social para los vulnerables y ventajas fiscales para los contribuyentes. Este enfoque contribuye a la idea de que la familia no es un pilar fundamental a subvencionar de manera incondicional, sino un sujeto de ayuda en caso de necesidad o de beneficio fiscal en función de la capacidad de pago.
En la España de Sánchez, las ayudas son un "parche", no un apoyo universal. Las guarderías públicas son escasas y las familias se ven obligadas a recurrir a centros privados o a la red familiar, lo que genera una desigualdad social y un elevado gasto a los ya de por sí paupérrimos ingresos familiares. Por cierto, algo similar ocurre con la dependencia de los más mayores. Poco se entiende que las pymes de cierto tamaño sufragan la cantina en algunos casos pero no una guardería para los hijos de sus trabajadores/empleados al mando de alguna profesional del ramo.
Es urgente que España mire hacia otros modelos europeos y replantee su política familiar. La natalidad no se recuperará con campañas publicitarias ni costeando los preservativos a los jóvenes a partir de los 14 años como ha anunciado hace unos días la ministra comunista de Sanidad Mónica García, o alentando el sexo de menores con adultos (pederastia encubierta) como pregonaba el Ministerio de Igualdad, sino con medidas concretas por encima de las ideologías de partido: ayudas directas por hijo, más guarderías públicas, jornadas laborales más racionales, desgravaciones fiscales muy impropias en gobiernos pro-infancia de todos los colores y una cultura empresarial que apueste por la productividad y no por el presencialismo. Así además mejorarían hasta los salarios.
De lo contrario, España seguirá siendo un país de abuelos que cuidan a sus nietos y de padres que apenas tienen tiempo para ellos, con jornadas extenuantes para sus descendientes y una carencia de natalidad suplida por migrantes, usados como comodín para sostener el escaso Estado de bienestar que sufre fugas a la hora de conceder ( por consideración partidista e ideológica) toda clase de ayudas a los extranjeros llegados a España en muchos casos en patera. La razón palpable de esta “política migratoria” no reside en el relevo generacional sino en la compra de votos descarada para las elecciones.
La solución si tampoco pasa por adoptar en los hogares españoles a los nuevos robots del fundador de Tesla, Elon Musk, llamados Optimus (que pretende revolucionar la industria con todo tipo de tareas humanas), tal vez sí por obligar a que coticen estos humanoides una mínima parte a la Seguridad Social para sufragar las ayudas a la natalidad y costear el déficit de políticas familiares pese al rechazo hace unos años en la Eurocámara.
