Les contábamos recientemente en Hispanidad que el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido ha implantado el 'Yo gano, tú pierdes', así, ante la ruptura del bloque de izquierdas ha suspendido la votación del borrador que estudia la constitucionalidad de la Ley Trans.
Las magistradas Inmaculada Montalbán (vicepresidenta) y María Luisa Balaguer, ambas del bloque de izquierdas del Constitucional, se han desmarcado de la votación de su bloque, y es que ambas son progresistas, pero también mujeres, y, por lo que sea, no ven con buenos ojos el borrador de su colega de bloque y ex ministro de Sánchez, Juan Carlos Campo, que apuesta por la teoría del Gobierno y de Irene Montero de que si un hombre se cree mujer, sea mujer.
Así que como la votación iba a ser defavorable para Conde-Pumpido y para Sánchez, el imparcial presidente del TC ha decidido que no se vota. Ante el escándalo, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, es decir, las feministas clásicas, se ha dirigido a las magistradas y magistrados que componen el alto Tribunal para que en el debate tomen en consideración los aspectos de la ley Trans que colisionan con las protecciones basadas en la categoría jurídica “sexo” y debilitan las medidas antidiscriminatorias por razón del sexo. Señalan, además, que la elección como ponente del magistrado y exministro de Justicia Juan Carlos Campo pone en riesgo la imparcialidad del trámite.
Desde la Alianza ponen en valor el reciente fallo del Tribunal Supremo del Reino Unido, que ha señalado que "las protecciones brindadas a las mujeres en nuestro ordenamiento jurídico sólo tienen sentido si la categoría “sexo” se entiende en un sentido estrictamente biológico. Cualquier otra interpretación invalidaría las garantías de protección a las víctimas de violencia machista, el derecho de las mujeres a espacios seguros y a categorías deportivas diferenciadas en base al sexo, la fiabilidad de los datos estadísticos, el deber de paridad en instituciones y listas electorales y otros aspectos de similar relevancia".
Por tanto, creen que "no es garantista una ley que permite cambiar el sexo registral sin exigir diagnóstico de disforia ni ningún otro requisito poniendo en jaque la seguridad jurídica que le es exigible a cualquier norma. La aplicación de la ley llamada Trans ha hecho evidente que cualquier varón puede autoidentificarse como mujer sin otro requisito que su voluntad y sin modificar siquiera su nombre o aspecto".
Asimismo, hacen alusión a "los casos de maltratadores que han eludido la Ley contra la violencia machista, y la desprotección que esto implica para sus víctimas, ponen de relieve las grietas que ha abierto la autodeterminación del sexo registral en la lucha contra la violencia".
"La autodeterminación da carta blanca al oportunismo al permitir, como ya ha sucedido, que los varones se beneficien de forma ilegítima de determinadas pruebas físicas para presentarse a oposiciones de policía o bombero, puestos reservados a las mujeres en listas electorales paritarias y otras medidas de acción positiva dirigidas a las mujeres", añaden.
Respecto a los artículos de la ley que hacen referencia a menores, las feministas hacen un llamado al Tribunal Constitucional para que se priorice el principio médico “Primero no hacer daño” y que se imponga la prudencia antes de proceder a tratamientos médico-quirúrgicos irreversibles a menores y jóvenes. Sin diagnóstico de disforia, sin acompañamiento profesional, se abandona a jóvenes y adolescentes vulnerables a decisiones cuyas consecuencias no pueden comprender y que afectarán a toda su vida adulta. Como ha señalado fundamentadamente el informe Cass en Reino Unido, en el 80-85% de los casos los menores superarán los malestares de género una vez pasada la pubertad.
Finalmente, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres sostiene que el ponente, el magistrado y ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo, no es la persona adecuada para elaborar la ponencia que se someterá a debate. "El ponente queda contaminado desde el momento en que ha de realizar un pronunciamiento sobre una ley en la que él participó de manera activa siendo ministro de Justicia durante el proceso de negociación de la misma".
En base a este criterio, las feministas consideran que "el ponente sería recusable o en todo caso que quedaría obligado a abstenerse y solicitan al presidente del Constitucional la retirada de este magistrado como ponente de los recursos presentados dado que su participación pone en riesgo la imparcialidad del trámite del recurso de inconstitucionalidad".
