El Gobierno, ante la evidente crisis energética provocada por la guerra de Irán, casi tres semanas después, propone sus soluciones, que pretenden abarcarlo todo bajo el rimbombante título de Plan de Respuesta Integral ante la Guerra en Oriente Medio. Un título coral, de resonancia tranquilizadora, que sugiere acción, previsión y sensibilidad social. Pero cuando descendemos al detalle, vemos que no es integral, sino un catálogo de medidas parciales, dirigidas —cómo no— a “los más vulnerables”, esa categoría comodín que sirve tanto para justificar decisiones como para evitar explicarlas.

El instrumento elegido será un Real Decreto-Ley, fórmula habitual cuando se quiere imprimir urgencia política a decisiones que, en muchos casos, responden más a cálculo que a una necesidad inmediata, en el que Sánchez ha hecho suyo para hacer política y no debatir evitando pasar por el Congreso. Mientras, el Ejecutivo pretende negociar en dos frentes: el político y el empresarial. Una puesta en escena con la que pretende transmitir diálogo social, aunque el resultado final suela estar previamente decidido.

Entre las medidas anunciadas destaca la ampliación de la bonificación al gasóleo profesional: transportistas, taxistas y agricultores, que verán incrementada la devolución del impuesto: de cinco céntimos por litro hasta veinte. Es, sin duda, un alivio para sectores clave, pero también una decisión quirúrgica que deja fuera al conjunto de los ciudadanos, que igualmente soportan el impacto directo de un encarecimiento del combustible superior al 13%, mientras el gobierno sigue recaudando porcentualmente más IVA e impuestos a los carburantes a costa del ya sufrido bolsillo del contribuyente.

Aquí está la cuestión de fondo, que no es solo quién recibe la ayuda, sino quién paga la factura. Y la respuesta, una vez más, es la misma: el contribuyente, usted y yo, que lo soportamos todo. El Gobierno descarta recuperar la subvención general al combustible aplicada en 2022 y también rechaza rebajar el IVA de los alimentos. Argumenta que la cesta de la compra no guarda relación directa con el estrecho de Ormuz. Una afirmación técnicamente discutible, pero que políticamente muestra cómo “el gobierno de la gente”, nos deja en la estacada una vez más. Porque si algo define a una economía interconectada es precisamente que los costes energéticos se trasladan en cadena: transporte, distribución y, finalmente, precios al consumidor.

La negativa a aliviar la carga fiscal general nos lleva a una pregunta inevitable: ¿por qué los gobiernos muestran siempre resistencia a reducir su voracidad recaudatoria? Sí, ya sabemos que la respuesta oficial apela a los servicios públicos: sanidad, educación, infraestructuras y pensiones. Sin embargo, la percepción creciente es que ese argumento ha dejado de ser suficiente. No porque esos servicios no sean necesarios —que lo son—, sino porque su deterioro contrasta con el incremento sostenido del gasto público, político y ciertos gastos milmillonarios del gobierno sin justificar, así como a los denominados chiringuitos ideológicos.

Pero no todo es Pedro Sánchez -que esto no le justifica-, porque la historia reciente nos muestra más de lo mismo. Mariano Rajoy llegó al poder con la promesa de bajar impuestos y terminó ejecutando una de las mayores subidas fiscales de la democracia. Y el actual Ejecutivo -ahora sí es Pedro Sánchez en estado puro-, aunque con un discurso diferente, ha ampliado los ingresos sin abordar la mejora del gasto, cuando no aumentándolo en asesores y/o en deuda pública. El resultado es que exige cada vez más a los ciudadanos mientras ofrece cada vez menos para la tan cacareada sociedad del bienestar en términos proporcionales.

Si a esto le sumamos que el crecimiento de estructuras políticas, administrativas y subvencionadas cuya utilidad real es, como mínimo, discutible, no hacemos más que seguir echando leña a la duda generalizada por un sistema que tiene a colapsar más pronto que tarde: organismos duplicados, proyectos ideologizados, redes de financiación que escapan al escrutinio público… En fin, todo un mundo desconocido para la mayoría social que muestra desorden y falta de prioridades. Los contribuyentes no solo pagamos más; también percibimos que nuestro dinero se gestiona peor.

El riesgo no es inmediato, pero sí estructural, porque un país no se hunde de un día para otro, pero los tiempos apuntan maneras. España sostiene buena parte de su estabilidad sobre el respaldo financiero europeo. Mientras Bruselas mantenga el flujo, el modelo resiste. Pero la deuda acumulada —y su coste creciente— plantea un horizonte en el que ese apoyo no será indefinido ni incondicional. Cuando llegue ese momento, las decisiones duras que se aplazan por cobardía política se convertirán en inevitables y más crujientes que hoy si se hicieran. Y en ese mañana están las generaciones venideras (hijos y nietos de muchos de hoy) y que los que votan en este presente rabioso, también habrán sido responsables por no haberlo exigido a sus líderes.

Y el futuro de esa nueva derecha que los españoles reclaman cada vez con más claridad, no puede construirse sobre retoques estéticos, sino sobre decisiones de calado verdaderamente eficaces que reestructuren este sistema. Cuando Bruselas deje de sostener el gasto y exija el pago de una deuda, no solo estará quebrado el sistema político, romperá también el financiero.

Eso exige gobiernos inequívocamente liberales: menos intervencionismo, un Estado más reducido —menos estructura política y administrativa—, y un marco que permita a emprendedores y creadores de riqueza operar sin asfixia, incluso estimular a la sociedad para crear más tejido productivo. En resumen, menos presión fiscal, más incentivo a la producción, menos Estado y recuperar la soberanía económica, hoy diluida entre normativas europeas que condicionan cualquier margen de decisión.

Si la llamada nueva derecha se limita a gestionar el mismo modelo socialdemócrata que hoy domina, nada cambiará en lo esencial. Solo variarán las siglas. Y con ellas, la ilusión de un cambio que, en la práctica, nunca llegará.

La era "sin paz" (Rialp) Mark Leonard. La etapa donde la paz está siendo borrada. En el mundo hay hasta 52 conflictos bélicos y este libro nos abre los ojos. Tras la Guerra Fría, la integración global prometía evitar conflictos, pero ha generado nuevas formas de guerra. La hiperconexión ha intensificado tensiones: ciberataques, rivalidades geopolíticas y fracturas sociales. El autor analiza cómo la globalización ha incumplido su promesa de paz y propone vías para reconstruir un orden internacional más estable en un mundo sin consensos claros. Y como podemos ver, en esto estamos, con más incertidumbre que nunca.

El ocaso del estado del bienestar (Sekotia) Ignacio Basco y José Ramón Riera. Tenemos que insistir en este título, porque se trata de el estudio más incisivo sobre el Estado del bienestar en España. Con datos oficiales (1995-2022), evidencia una paradoja: el gasto público crece un 214% mientras los servicios esenciales se deterioran. Los autores proponen pasar a una “economía del bienestar”, basada en eficiencia y prioridades reales, desmontando mitos sobre la gestión política y señalando el despilfarro estructural.

La energía nuclear salvará el mundo (Península) Alfredo García. Mientras que el mundo se va por el sumidero de la crisis energética a casusa de la crisis del petróleo, en España, la ministra del ramo sigue empeñada en cerrar nucleares. Pues bien, este libro hace una propuesta que pone en entredicho hasta ruborizar a sus detractores sobre la seguridad, la limpieza y, sobre todo, la necesidad de la existencia hoy por hoy de la energía nuclear, al menos en España.