Como contamos en Hispanidad, en España ya existía la 'autodeterminación de género'. Antes de la Ley Trans, de Irene Montero. 14 comunidades autónomas ya contemplaban la autodeterminación de género: País Vasco, Andalucía, Cataluña, Canarias, Extremadura, Madrid, Murcia, Baleares, Comunidad Valenciana, Navarra, Aragón, Cantabria, La Rioja y Castilla-La Mancha. Aprobadas y promulgadas por gobiernos tanto del PSOE como del PP.

Ahora un informe de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres existen 13 protocolos educativos derivados de estas leyes LGTBI o trans que cada comunidad tiene que "amparan y priorizan la identidad de género". Estos protocolos son guías o instrucciones que se dan a los centros de enseñanza sobre procesos de actuación que deben seguir con el alumnado. 

Según el informe que ha analizado estos 13 protocolos, las distintas leyes animan a los directores de los centros a denunciar ante los servicios sociales a los padres que nieguen a sus hijos un cambio de sexo. Así, aseguran que, si bien los protocolos varían en función de las Comunidades Autónomas, el 100% de todos ellos incluyen ciertos patrones comunes. 

Por ejemplo, afirman el derecho a la "identidad de género", definida como “la vivencia íntima del propio género, incluyendo la vivencia del propio cuerpo y su sexualidad, así como de la vivencia social del género en la vestimenta, el lenguaje y otras pautas de comportamiento". Usan terminología sin base científica que define el "sexo" como una categoría subjetiva "que se asigna al nacer". Además, permiten que el alumnado se autodiagnostique como "trans" y por supuesto contempla el uso de baños, vestuarios y otros espacios segregados por sexo según el "género sentido". 

Como buena ley progresista se contemplan medidas disciplinarias tanto para el alumnado como para el personal docente y no docente en caso de que se cuestionen las medidas que el centro decida implementar. Incluyen la denuncia por maltrato psicológico contra los progenitores, iniciándose el protocolo por maltrato infantil con intervención de los servicios sociales en caso de que el centro considere que la actitud de los padres no es la correcta. Por lo que esperan que el profesorado y el alumnado del centro comuniquen a la dirección si sospechan algo para que se inicie el protocolo.

El 77% de los protocolos prevén actuaciones externas sobre los progenitores o tutores legales que no acepten las medidas planteadas por el centro sobre el menor y se nieguen a firmar el documento de consentimiento de aceptación del protocolo. Por otro lado, alertan de que en el 54% de los protocolos se inician los cambios en el centro (nombre, vestimenta, pronombre, etc) sin que los progrenitores deban seer informados o hayan firmado un documento de consentimiento. 

El informe también denuncia "la magnitud de la intromisión y la influencia de las organizaciones trans en los centros escolares", ya que la formación del alumnado en cuestiones de género es delegada a activistas LGTBI en el 62% de los protocolos escolaes y en el 92% de los mismo no se exige cualificación para poder realizar la formación.

Insistimos, Irene ha ampliado la ley trans, pero en España se contemplan auténticas barbaridades desde hace tiempo.