Decíamos ayer que la Policía ha detectado un incremento de un 60%, comparando el mismo periodo de 2025 y 2026, en las denuncias por extravío de pasaporte entre los extranjeros que aspiran a ser legalizados en España. Los agentes de extranjería lanzan una alerta nacional a todas las comisarías de España donde se argumenta que esta situación se produce porque estas personas busca acreditar su presencia en el país en las fechas válidas para su regularización.

En la misma línea, Josema Vallejo, vicepresidente de la Asociación Policía S.XXI, advierte de que la base de Extranjería para filtrar antecedentes de inmigrantes irregulares no funciona, por lo que "esta irregularización es absolutamente irresponsable. Hablamos de cientos de miles de personas de las que no sabemos nada". 

 

Y mientras esto sucede, la Policía Nacional ha detectado la reactivación de al menos tres itinerarios de entrada hacia España después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara la regularización de 500.000 inmigrantes a partir de abril. Según fuentes policiales, los movimientos afectan principalmente a ciudadanos procedentes de Pakistán, Afganistán e India, así como a argelinos y marroquíes que estarían llegando desde Francia e Italia con la intención de beneficiarse del proceso extraordinario.

Además, un informe reciente de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) eleva la cifra potencial de beneficiarios hasta 840.000 personas, una cantidad muy superior a la anunciada inicialmente. La tramitación recaerá sobre las unidades de Extranjería y Fronteras, que deberán gestionar de forma masiva las solicitudes de residencia, comprobar identidades, verificar antecedentes penales -algo que, obviamente, no puede acometerse si, por ejemplo, la base informática que se utiliza para hacerlo, no funciona- y expedir certificaciones administrativas. Los agentes advierten de que la carga añadida puede resultar «letal» para equipos que ya trabajan al límite en todo el país.