El recorte de libertad sigue su curso en Europa y no son elucubraciones nuestras o teorías de la conspiración, sino hechos concretos de gobiernos concretos, en países concretos. Hablamos hoy, lunes 19, del gobierno alemán del socialdemócrata Olaf Scholz, que la pasada semana presentó 13 medidas para perseguir al “extremismo de ultraderecha” que, según la Fiscalía alemana, representa “la mayor amenaza para su democracia”, publicó The Objective.

No conviene ser ingenuos en este punto. Cuando un gobierno europeo, o incluso la Unión Europea, habla de extrema derecha, se refiere a todo aquel que se opone al consenso progre de lo políticamente correcto. Por ejemplo, el que afirma que el hombre no es el culpable del cambio climático o el que critica la ideología de género o el que sostiene que el aborto es un asesinato por mucho que aparezca en la lista de derechos humanos.

En esta línea, los considerados de extrema derecha, en realidad no están poniendo en peligro la democracia, sino el consenso progre al que nos referimos. Y como lo ponen en peligro y pueden llevar a otros a recapacitar sobre la actual falta de libertades, hay que censurarlos, embargar sus bienes, cerrar sus cuentas bancarias, incluso prohibir su entrada en el país.

Además de las citadas, entre las 13 medidas propuestas por el Ejecutivo del progre Scholz, está la de controlar las donaciones a asociaciones u organizaciones consideradas de extrema derecha. Por ejemplo, y siguiendo la descripción antes expuesta, las donaciones a la Iglesia católica o a tal o cual orden religiosa.

En definitiva, no se trata de proteger a la democracia sino de eliminar al disidente. ¿Por qué no hablan de extrema izquierda? ¿Acaso no son peligrosos para la democracia, como han demostrado a lo largo de la historia reciente? En cualquier caso, ¿y qué si son peligrosos para la democracia? ¿Acaso no tiene el sistema mecanismos suficientes para defenderse de ellos sin tener que prohibir todo lo que pueda ser una amenaza?