El experto en inmigración, Rubén Pulido, firma una información en La Gaceta que el acuartelamiento Primo de Rivera de Alcalá de Henares, Madrid, el Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED) para inmigrantes ilegales, gestionado por la ONG ACCEM, se ha convertido en un polvorín. Habilitado en noviembre de 2023 para aliviar la presión migratoria en Canarias, el centro, que alberga entre 1.000 y 1.500 inmigrantes ilegales, supera ampliamente su capacidad inicial de 1.134 plazas, según denuncia la alcaldesa, Judith Piquet.
La primera edil de la localidad se ha pronunciado a raíz de la violación de una joven española de 21 años, por un maliense acogido en dicho centro.
Respecto al CAED de Alcalá de Henares, una investigación exclusiva de La Gaceta revela que ACCEM, encargada tanto de los traslados desde Canarias como de la gestión del centro, ha percibido 11.342.360 euros en contratos con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024, en medio de críticas por inseguridad, opacidad y una gestión cuestionable.
Según documentos obtenidos en esa investigación, entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024, ACCEM firmó diez contratos con el Ministerio de Migraciones por un total de 11.342.360 euros para servicios en el acuartelamiento Primo de Rivera, que incluyen acompañamiento e información, traducción e interpretación, transporte y atención médica. Los contratos, que se prevé se mantengan en cuantías similares, se desglosan como sigue: 826.020 euros en diciembre de 2023, 1.015.560 euros en enero de 2024, 950.040 euros en febrero, 1.096.160 euros en marzo, 1.060.800 euros en abril, 1.093.680 euros en mayo, 1.058.400 euros en junio, 2.187.360 euros para julio y agosto, y 1.058.400 euros en septiembre. Estas cifras, que suman más de 11,3 millones en menos de un año, contrastan con las crecientes críticas a la gestión del centro.
Fuentes policiales denuncian que los trabajadores de ACCEM carecen de formación adecuada para evaluar la peligrosidad de los inmigrantes alojados, muchos de los cuales no están reseñados policialmente. Esta falta de registro complica la localización de individuos implicados en incidentes, como el reciente caso de agresión sexual. Además, las mismas fuentes señalan un “ocultismo” en torno a los conflictos internos del CAED, con momentos de tensión que no se denuncian ni trascienden, alimentando la percepción de descontrol. La opacidad en la gestión, sumada a la incapacidad de detectar riesgos, ha generado una sensación de inseguridad que los vecinos de Alcalá ya no están dispuestos a tolerar.
El caso de Alcalá es un espejo de la inmigración en España con un sistema al borde del colapso.
