La Administración Biden pretende dar a la Organización Mundial de la Salud mayores poderes para definir y controlar las políticas de preparación para pandemias, poderes que se extenderán en profundidad en el sistema de salud americano y se usarán para promover el aborto, informa C-Fam.

La Administración Biden propone establecer un comité internacional de la Organización Mundial de la Salud para controlar y revisar los esfuerzos sobre preparación para pandemias. El nuevo mecanismo de preparación para pandemias probablemente resultará en presión sobre los países para permitir y financiar el aborto.

La Organización Mundial de la Salud describe rutinariamente el aborto como un derecho humano y usó la emergencia del COVID-19 para promover el aborto. El nuevo comité daría a la agencia internacional un papel de control similar a los mecanismos de derechos humanos que rutinariamente presionan a los países para liberalizar sus leyes y regulaciones sobre el aborto, añade C-Fam.

El plan de Biden se presenta en un conjunto de enmiendas propuestas a las Regulaciones de salud internacional sobre preparación de pandemias promulgadas por la Asamblea Mundial de la Salud, el cuerpo gubernativo de la agencia de salud internacional.

Las enmiendas también debilitan la capacidad de los países para elaborar su propia preparación y políticas para pandemias. Las enmiendas también debilitan la capacidad de los países a objetar las decisiones hechas por expertos internacionales en situaciones de emergencia, incluyendo qué servicios de salud y personal sean considerados esenciales.

Desde el comienzo de la pandemia del COVID-19, los expertos de la Organización Mundial de la Salud aprovecharon la emergencia y la confusión causada por la pandemia para promover el aborto, incluyéndolo como un servicio de salud esencial, explica C-Fam.

Las pautas también pedían el acceso ininterrumpido al aborto y la contracepción como asuntos de ley de derechos humanos

Aunque las primeras pautas para tratar el nuevo coronavirus COVID-19 de la agencia de salud internacional eran aparentemente acerca de preparase y tratar una condición respiratoria, las pautas también pedían el acceso ininterrumpido al aborto y la contracepción como asuntos de ley de derechos humanos.

Los expertos de la agencia posteriormente admitieron abiertamente que se aseguraron de incluir el aborto y la contracepción en todo su trabajo para tratar la pandemia del COVID-19, a veces explícitamente y a veces a través del eufemismo “salud reproductiva y sexual”.

La Administración Biden prometió promover “la salud los derechos reproductivos y sexuales” en la política de salud internacional, incluso durante la pandemia COVID-19. Las declaraciones de la Casa Blanca apoyan el dar dinero y apoyo político para la “salud y derechos sexuales y reproductivos” para “tratar los impactos indirectos de la pandemia COVID-19 sobre los sistemas de salud y poblaciones vulnerables”, prosigue C-Fam.

La financiación de la “salud reproductiva y sexual” es una manera de evitar ir en contra de la enmienda Helms, una ley de los EEUU que prohíbe el uso de fondos de ayuda al extranjero de los EEUU para los abortos en el extranjero. Los grupos que promueven y ejecutan abortos en el extranjero continúan recibiendo fondos de los EEUU simplemente prometiendo no usar la porción de fondos de los EEUU para actividades relacionadas con el aborto.

Las enmiendas de la Administración Biden a las Regulaciones de salud internacional serán consideradas por la Asamblea Mundial de la Salud en su próxima sesión a finales de este mes.

Las Regulaciones de salud internacional son un conjunto de reglas estándar para armonizar las políticas de salud pública. Las reglas son promulgadas por la Asamblea Mundial de la Salud a través de un mecanismo establecido en una resolución de 2005 de las Regulaciones de salud internacional. Aunque la agencia internacional y muchos países consideran vinculante el acuerdo de 2005, la Administración Bush se unió al acuerdo de las regulaciones sin pedir consejo y consentimiento del Senado de los EEUU, como requiere la Constitución de los EEUU, concluye C-Fam.