La Casa Real va a ser incluida en la Ley de Transparencia, y este mismo viernes se ha dado a conocer la noticia mediante un teletipo en el que se aseguraba que había sido la propia Casa quien se había ofrecido. Un anuncio muy oportuno, dadas las circunstancias.
Un día antes, Rajoy, en rueda de prensa, al ser preguntado, no dijo nada. Soraya Sáenz de Santamaría ha acabado aún más de complicar la historia al asegurar, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que fue vicepresidencia, o sea, ella, quien se puso en contacto con la Casa Real para hablar del tema después de que los partidos políticos expresaran su deseo de que así fuera, tras el Debate del Estado de la Nación.
Instantes más tarde ha precisado que no fue ella la responsable de la iniciativa, pero ha puesto en valor la buena disposición que ha mostrado en todo momento Casa Real a la hora de colaborar. Afirma que se lleva trabajando desde hace dos meses en el asunto, pero antes de Semana Santa, y al menos en tres ocasiones, negó por activa y por pasiva en las ruedas de prensa de Moncloa que se pensara incluir a la Familia Real en la Ley de Transparencia como a los partidos políticos y a los sindicatos.
Argumentaba que tampoco se hacía así en otras monarquías europeas. Y este viernes, de golpe y porrazo, nos enteramos de que todo está casi listo, y que la Familia Real tendrá un tratamiento especial al ser una Institución y no un organismo público. Es más, ha dicho que "a partir de la semana que viene les informaremos del estado de las conversaciones para que sea incluida la Casa del Rey". El asunto, tal y como se está llevando, parece la escenificación de una astracanada.
La guinda la ha puesto la propia Soraya cuando al ser preguntada sobre quién iba a pagar los honorarios de los abogados de la Infanta no ha contestado con claridad. Después, cuando le han preguntado sobre fondos reservados, ha tenido que precisar que no sería con fondos de la Administración General del Estado.
Sara Olivo
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