El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (en la imagen), quiere destinar los 1.900 millones de euros que recibirá España de los escuálidos 6.000 millones que ha puesto sobre la mesa la Unión Europea en su pan contra el paro, a reducir las cuotas sociales a aquellos empresarios que contraten jóvenes. Ahora bien, lo malo de las subvenciones es que su efecto se anula cuando termina la subvención: o son permanentes, o son un fracaso.

Que no, que los impuestos laborales hay que reducirlos, incluso anularlos, de una vez y para siempre. No puede ser que los trabajadores en activo paguen las pensiones de los jubilados y prejubilados, así como los subsidios de los parados. De hecho, no puede ser y además es imposible. Igual sería que Rajoy destinará esos 1.900 millones de euros a pagar pensiones o a engrosar el fondo de reserva de la Seguridad Social.

A ver, las reglas:

1. El Estado no crea empleo.

2. Las subvenciones estatales no crean empleo o crean un empleo postizo y transitorio que dura tanto como dura la subvención.

3. Los impuestos que hay que reducir son todos pero sobre todo, antes que el IRPF, los impuestos laborales, que no crean empleo. Ni tan siquiera el empleo que sí necesita el empresario.

Si quieres crear empleo, reduce las cuotas, reduce el subsidio de paro, anula las prejubilaciones y paga la Seguridad Social con IVA.

Pero todo esto supone un riego, y el amigo Rajoy siente aversión al riesgo, una enfermedad del siglo XXI extendidísima entre políticos y banqueros.

Eulogio López

eulogio@hispanidad.com