¿Qué precio tiene la libertad educativa?

El pasado mes de noviembre el Ministerio filtró una actualización del decreto que regula los conciertos educativos, promulgado en 1985. El borrador de entonces suponía un endurecimiento de las condiciones para conseguir la renovación de los conciertos que en este momento, salvo excepciones, es casi automática. Todos los interlocutores sociales que apuestan por la libertad educativa entendieron que si no se firma el Pacto el borrador filtrado podría convertirse en definitivo.

Esta amenaza está en la raíz del timorato comportamiento de los agentes educativos que, en principio, apuestan por la libertad de educación. Atrapados por los conciertos educativos, los centros de iniciativa privada se ven, continuamente, ante la disyuntiva de rebelarse ante las imposiciones gubernamentales que recortan y ahorman su proyecto educativo o plegarse ante las exigencias de la administración educativa para evitar poner en peligro los conciertos educativos.

Es una situación en la que cualquiera de las dos posiciones resulta perjudicial para la libertad de los centros que repercute, de modo inmediato, en la libertad de los padres. Hasta el momento, han sido puramente testimoniales las protestas de algún centro concertado ante la imposición ideológica de Educación para la Ciudadanía. La inspección educativa se ha ocupado de recordar a los centros la obligatoriedad de impartir dichas asignaturas. Y así, los mismos centros que alentaron a los padres a movilizarse y objetar contra la asignatura, han acabado por ordenar la vuelta a clase haciendo la vida imposible al puñado de padres objetores que han mantenido firmemente su postura.

Ante la inminente incorporación al currículo de la educación sexual obligatoria, impartida por personal ajeno a los centros, parece que se va a optar por la misma estrategia de sumisión en pro del mantenimiento de los necesarios conciertos económicos. La supervivencia económica es el objetivo prioritario y el gobierno lo sabe. Por eso impone un pacto que recorta más, si cabe, el margen de libertad de padres y centros. Es un harakiri lento pero inevitable si la educación concertada no cambia de estrategia.

¿Y qué pueden hacer los centros?

Reflexionar y evaluar el coste en términos de libertad que les está suponiendo la estrategia de la supervivencia a toda costa. Porque esta presión no va a acabar aquí.

Tomar conciencia de que este Gobierno no respeta y no va a respetar la libertad de educación por más que prometa contraprestaciones que ni siquiera están escritas.

Percibir el mensaje de conformismo y sumisión ante las leyes injustas que están transmitiendo a sus propios alumnos, padres y a la sociedad en general.

Advertir que su falta de oposición a leyes que promueven el adoctrinamiento más sectario supone una renuncia a la defensa del Bien Común.

Cuestionarse si la supervivencia empresarial justifica atender cualquier imposición administrativa por totalitaria que resulte.

Plantearse la posibilidad de plantar cara al Gobierno y mantener firmes los principios que inspiraron la creación de sus centros.

Estar dispuestos a ofrecer a los padres de este país una enseñanza libre, acorde con principios y valores independientes de los que el Gobierno de turno pretenda imponer.

Los padres queremos libertad de enseñanza. Para todos. Y estamos dispuestos a respaldar una contestación de la enseñanza concertada porque, al fin y al cabo, los conciertos los financiamos nosotros por medio de nuestros impuestos. Pero los centros deben mover ficha. Levantarse de la mesa y ser fieles a la libertad que inspira sus idearios. Porque detrás estaremos los padres reclamando que nuestros impuestos financien la educación libre que muchos exigimos.