Al final, el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, consiguió lo que se proponía: ya tiene Caso Alierta. El fiscal Alejandro Luzón pide 4 años de cárcel para el presidente de Telefónica y otros cuatro para su sobrino, Luis Javier Placer (nada para la mujer de Alierta) por presunto uso de información privilegiada.

Por cierto, que en Radio Nacional, convertida por Moncloa en el comando de acción rápida del Gobierno Zapatero, se olvidaron de interponer el presunto, en el boletín horario de las 16.00 horas del lunes (el primero que proporcionó la información) así que dieron por hecho que el señor Alierta se había embolsado 1,86 millones de euros gracias a información, no sólo confidencial sino la información sobre hechos generados por él mismo como presidente de Tabacalera.

Da la impresión de que al Gobierno, que en su día trató de cambiar a los presidentes, no ya de Repsol YPF (en ese caso lo consiguió) sino de todas las empresas privatizadas por el PP, y que parecía haber renunciado a ello, no le parece del todo mal que Alierta gestione Telefónica con una especie de de espada de Damocles sobe la cabeza.

Por otra parte, continua el silencio mediático sobe la utilización espuria que Pedro J. Ramírez realizó de una asociación de accionistas (que puso la querella) y de los intersticios del poder judicial, con la única intención de terminar con César Alierta, culpable de no haberle entregado el grupo de medios de Telefónica a Jesús Polanco, en lugar de a Pedro J. Ramírez. La causa contra la asociación AUGE y su representante, el valenciano José María Davó, se sigue en otro Juzgado de la capital.