La Plataforma HazteOir.org ha ganado el recurso interpuesto ante los tribunales por lo que consideró una muestra de talante totalitario que obliga a la Delegación del Gobierno de Madrid a anular la sanción y cerrar el expediente abierto contra un líder de asociaciones familiares y un joven sacerdote.

El presidente de HazteOir.org, Ignacio Arsuaga, ha expresado su satisfacción por este nuevo triunfo de la justicia en nuestro país, que permite a los ciudadanos sentirse protegidos frente a la arbitrariedad y al abuso de poder ejercido, en ocasiones, por quienes deberían velar para que se respeten derechos como la libertad de expresión y de manifestación recogidos en nuestra Carta Magna.

Los hechos objeto de esta injusta sanción tuvieron lugar en pleno escándalo por la detención ilegal de dos militantes del PP por orden de Constantino Méndez, Delegado del Gobierno en Madrid hasta hace pocos días, y se remontan al 16 de marzo de 2005, cuando el Coordinador Nacional de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en defensa del matrimonio y de la infancia se encontraba junto a otros representantes de las principales asociaciones familiares, en la Carrera de San Jerónimo, para entregar a varios diputados del PP un Manifiesto en defensa de la familia, el matrimonio y la infancia.

En torno a ellos, se reunieron 500 personas convocadas a través de HazteOir.org, con el objeto de apoyarles en la entrega del texto y manifestar su oposición a la Ley a través de la cual el Gobierno pretendía equiparar las parejas del mismo sexo a los matrimonios.

La concentración transcurrió sin desordenes hasta que comenzaron a llegar furgonetas de policía un total de veinte-, y casi un centenar de agentes antidisturbios rodeó al grupo. Los efectivos tomaron los datos de 41 personas, negándose en varias ocasiones a dar su número de placa ante el requerimiento de los representantes familiares, y empujándoles a abandonar el lugar. Ante lo que consideraron un desalojo lento, algunos agentes se emplearon con violencia e insultos. Tres personas tuvieron que ser atendidas por los servicios médicos y otra decena sufrió contusiones, magulladuras y ataques de ansiedad.

Dos meses después, el Coordinador Nacional de la ILP recibió una notificación de la Delegación del Gobierno en la que se le comunicaba la iniciación de un proceso sancionador administrativo en los juzgados, con objeto de imponerle una multa económica. La falta que se le imputó fue tomar parte en una concentración que tuvo lugar en esta capital, frente al Congreso de los Diputados. Recientemente, dicho procedimiento sancionador ha sido anulado.

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