Los tribunales superiores del País Vasco y de Valencia están reconociendo las objeciones Los objetores a la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía, lo tienen claro: no entrarán en clase. No lo harán porque sigue sin cumplirse la exigencia de las sentencias del Supremo: que la educación sea neutral en aquellos contenidos en donde no existe consenso social. El análisis de los decretos, de los libros de texto y de las herramientas educativas recomendadas por el Ministerio demuestran, ponen en evidencia que el Ministerio no respeta la neutralidad. Así que mientras esa neutralidad no esté garantizada, ellos seguirán fuera del aula.

Son más de 52.000 escolares los objetores. A los que hay que sumar muchos padres que están objetando por libre y que no se lo han comunicado a nadie; estimamos que pueden ser más de 20.000, señala Leonor Tamayo, coordinadora de las plataformas de padres objetores.

Además, están relativamente satisfechos con la respuesta judicial. Y es que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y el TSJ de Murcia han reconocido el derecho a la objeción de conciencia de los padres. Y el TSJ de Castilla y León que hasta ahora había apoyado a los objetores no se ha manifestado. Además, están registrados los recursos de inconstitucionalidad. En resumen: la batalla jurídica está en marcha. Pero sobre todo, la voluntad de los padres permanece firme. Y no son pocos: el año pasado hubo 740 niños que no entraron en clase. Que tengamos constancia, matizan desde Profesionales por la Ética. Así que Gabilondo tiene un problema. Y a pesar de todo lamentablemente no se ha querido reunir todavía con nosotros; la salida será necesariamente la negociación, apunta el presidente de PPE, Jaime Urcelay.