El pasado 10 de diciembre de 2009 se cumplieron 61 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, por ello, se celebraba (es un decir) el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Mientras la tarde anterior ZP daba una conferencia sobre los derechos humanos y la pena de muerte (¿pura coincidencia?), en el mercado del Congreso sus acólitos y lugartenientes compraban los votos necesarios para sacar adelante la llamada ley de salud sexual y reproductiva de la mujer, que convierte a la mujer (en la medida en que antes no lo era para algunos) en un puro objeto de placer, de usar y tirar, lo que tanto le gusta a ZP hacer con sus "amigos", una vez que ya no les necesita. Sexo seguro, sin riesgos. Toda clase de facilidades a la mujer para que no quede embarazada, porque la maternidad es algo trasnochado y oprime a la mujer, puesto que no le permite "realizarse", igualarse al hombre. Y con tal fin, tendrá gratis toda clase de modernos anticonceptivos (que pagaremos todos los españoles con nuestros impuestos), la PDD para situaciones de emergencia (y no tanta); y, por si a pesar de ello, falla todo y se produce algo tan traumático y horroroso como es quedar embarazada, para eso está su derecho al IVE. ¿Que qué es el IVE? No, no es un Instituto o ente público de ayuda a la fertilidad y a la mujer con problemas en la gestación, que otorgue prestaciones o facilite en caso extremo la adopción e inserción del nasciturus en una familia de las miles que hay en listas de espera para ello.
Sería lo lógico, dada la bajísima tasa de natalidad en España. Pero ya se sabe que el sentido común es el menos común de los sentidos, sobre todo cuando uno se deja llevar por sus propios dogmas, aunque estén alejados de la razón. No. IVE significa interrupción voluntaria del embarazo. Aunque debería llamarse TVE, terminación voluntaria del embarazo. Lo que pasaría entonces es que esas siglas pertenecen a un ente público que en mi casa no entra, y daría lugar a confusiones.
De este modo, si hay una mujer que a pesar de tantas "ayudas" del Estado osa quedar embarazada y seguir adelante, no ejercitando su derecho al IVE, queda proscrita, sola. El colaborador necesario en tal embarazo puede desentenderse de las consecuencias de sus actos. Ella lo ha querido, pues que asuma las consecuencias ella solita. A eso le llamo yo arbitrariedad e irresponsabilidad de los poderes públicos, y fomento por estos de la irresponsabilidad individual.
Recientemente se celebraba por ende el Día de la Constitución. Para los que hemos estudiado Derecho toda la estructura y el andamiaje del edificio, del Estado de Derecho, se nos cae encima, por lo menos a mí. Porque un estudiante de 2º de carrera sabe que por encima de las Leyes, ordinarias u orgánicas, están la Constitución de 1978 y los Tratados y Convenios internacionales suscritos por España (tales como la Convención de los Derechos del Niño o los Acuerdos con la Santa Sede, respecto de los que no hace falta ser un lince ibérico, esos que merecen más protección que un ser humano en proceso de gestación y nacimiento, para saber que van a ser vulnerados igualmente dentro de muy pocos meses por la nueva ley de "libertad" religiosa).
Declaraciones como que "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros"; que "el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento" o que "todos tienen derecho a la vida" (artículo 14 .E.), quedan muy bien sobre el papel, pero en 1948 y 1978 la humanidad no contaba con personas de tanta valía y prestigio científico mundial como ZP y Bibiana Aído, los que han venido a hacer una reinterpretación de las normas internacionales que vinculan a España en tanto no las denuncie, en el sentido de que "lo" que hay dentro de la mujer embarazada es un ser vivo, pero no un ser humano y, por tanto, no queda comprendido entre los sujetos de derecho a que aluden las normas internacionales y nuestra Constitución. Lo que no entiendo es cómo no se derogan los artículos 29 y 30 del Código Civil, que reconocen capacidad jurídica (puede por ello ser parte en un proceso judicial) al concebido no nacido "para todos los efectos que le sean favorables". ¿Y qué efecto le puede ser más favorable que el permitirle que nazca? Pues no. No tiene derecho a nacer.Se le "interrumpe" o cortocircuita su proceso natural. ¿Que el Tribunal Constitucional (TC) tiene dicho otra cosa sobre la protección debida al nasciturus en su Sentencia 53/1985 y en otras posteriores? Da igual. El legislador es el pueblo, a través de sus representantes democráticamente elegidos, de modo que lo que apruebe el pueblo no lo puede deslegitimar el TC. ¿Que se carga uno así el sistema de división de poderes y la sumisión al imperio de la ley y al principio de jerarquía normativa? Da igual. El caso es seguir "gobernando" y seguir en la poltrona, sacando leyes no previstas además en el programa electoral con el que se ganaron las elecciones. ¿Que la sociedad está dividida y lo lógico sería consultarla en temas tan importantes? ¡A quién se le ocurre! Se están dejando sin efecto y vaciando de contenido derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la libertad de expresión y de pensamiento ("lo políticamente correcto", "el que se mueva no sale en la foto"), a la libertad religiosa (cristianofobia, retirada de cualquier símbolo, vuelta a las catacumbas de los cristianos), a la libertad de educación (los padres somos postergados y el Estado se convierte en el educador y adoctrinador de nuestros hijos), etc., pero no se modifica para ello la Constitución por los cauces en ella previstos. Teóricamente al menos, los artículos 14 y siguientes permanecen vigentes. ¿Que por qué no se acuden a los mecanismos en ella previstos para modificarla? Pues porque ello implicaría disolver las Cortes y una consulta popular. Y claro, eso de consultar al pueblo no es "progre".
Fernando Ferrín Calamita
