La presidenta Aguirre confirmó en el debate de la Asamblea de Madrid, la aprobación de una futura Ley de Autoridad del Profesor.
Es un paso en la buena dirección, porque la presidenta regional tiene razón cuando afirma que no puede ser que un profesor esté la mayor parte de la clase mandando callar a los alumnos. En este sentido, es importante la medida prevista de convertir a los docentes de Primaria y Secundaria de los centros públicos en autoridad pública -aunque me pregunto ¿por qué no también los de la enseñanza privada, especialmente la concertada?- con el fin de que la disciplina retorne a las aulas, un planteamiento que coincide con las propuestas de Nicolás Sarkozy.
Falta conocer la letra pequeña del proyecto, pero es indudable que Aguirre ha puesto el dedo en la llaga de una de las grandes preocupaciones de la comunidad escolar. Sería muy deseable conseguir para ello la implicación de las familias en las tareas de transmitir a niños y adolescentes el sentido de la responsabilidad imprescindible para desarrollar actitudes positivas en casa y en el colegio.
Jesús Domingo Martínez
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