En 2001 la ministra de Ciencia y Tecnología del Gobierno Aznar, Anna Birulés, aumentó la tasa de uso del espacio radioléctrico.
El argumento para multiplicar esa tasa por 17 (sólo durante un año) era que la concesión por el método del concurso había resultado demasiado barata en comparación con otros países europeos.
En el Reino Unido y en Alemania se recurrió a un modelo de subasta cobrando de una sola vez cantidades desorbitadas, mientras que en España la cantidad inicial fue más moderada pero, a cambio, se exigía a las telecos un compromiso de inversión. La consecuencia del modelo español es que nuestro país ha logrado uno de los mejores despliegues de 3G en Europa.
Telefónica, Vodafone y Orange recurrieron, pero Bruselas ha dado la razón al Gobierno, que no tendrá que devolver los 961 millones de euros que le exigen las compañías.
Por otra parte, el lunes Bruselas fijará al Gobierno español una fecha límite para buscar una alternativa al canon impuesto a las telecos tras la retirada de la publicidad de televisión española. El Ejecutivo tendrá que buscar otra forma de financiar los 450 millones de euros que no podrá cargar a las telecos con medios como el canon por comprar una televisión o el impuesto por tener una tele en casa, como hacen en otros países.
Además, puesto que el Supremo no admitió la suspensión cautelar del pago, el Gobierno deberá devolver lo que las empresas ya habían pagado. En resumen, hasta el momento el Gobierno ya le debe a las operadoras de telecomunicaciones 200 millones de euros que éstas le pagaron para financiar la tv pública. Y no sólo eso sino que, además, tiene que buscar con urgencia una vía para financiar RTVE. Y todo ello a partir del próximo lunes, cuando Bruselas le certifique su negativa a que las operadoras financien al antiguo Ente, así como el calendario para pagar sus deudas.
Mientras, UTECA, principal beneficiario de la retirada de los anuncios en la tele pública, sigue exigiendo que también las autonómicas se retiren del pastel publicitario.
Mariano Tomás
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