El gobierno ha aprobado el anteproyecto de reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional para evitar la avalancha de recursos de amparo. El primer año de andadura del TC se presentaron 200, mientras que en el 2004, esa cifra ascendió a 8.000. Tal y como informamos en Hispanidad, la presidenta del TC, Casas Bahamonde, destacó que el Constitucional dedica el 98% de su actividad jurisdiccional para examinar los recursos de amparo, siendo el 96% de ellos desestimados. Aguilar ha reiterado estas cifras asumiendo las quejas formuladas por el TC en sus memorias anuales y ha presentado una reforma en la que los recursos de amparo a la tutela judicial efectiva serán conocidos por el Tribunal Supremo en lugar de por el Constitucional como se hacía hasta ahora. No obstante, no ha querido cuantificar la agilización que supondrá esta reforma a pesar de conocer con detalle los tiempos que actualmente dedica el TC a resolver amparos. Además, en el caso de los conflictos territoriales, se permitirá la personación de las partes, se producirá una reorganización interna del TC y se permitirá la presentación de escritos en formato electrónico.

Por último, en la propuesta de nombramiento de los nuevos magistrados cuando toque su relevo cada tres años, deberá de escucharse previamente al parlamento. El presidente del Tribunal Constitucional no podrá actuar como abogado del TC cuando deje el cargo y se prohibirá la militancia en partidos políticos o sindicatos de los magistrados. Actualmente hay 8.000 recursos de amparo a la espera de vista previa.