Un paso más del Gobierno de Zapatero contra la libertad de enseñanza es el anteproyecto de la Ley de Educación, que prohíbe a los centros concertados cobrar cuotas o donaciones obligatorias para ellos o sus asociaciones. El problema es que los centros concertados privados reciben mucho menos dinero que los públicos por cada plaza escolar, en algunos casos, hasta el 50 por ciento menos dependiendo de la comunidad autónoma.
La auténtica libertad de educación y el derecho de elección de los padres están en la cuerda floja. La titularidad de la mayoría de los colegios concertados es eclesiástica, es decir, se dan clases de religión católica. Y ese es el último fin: que éste Gobierno pretende ahogar, según todos los indicios, además de controlar politizadoramente estos colegios.
Alberto Heredia Fuensanta
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