A través de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo

La Ley Aído contiene un capítulo educativo muy importante. Casi la mitad de la ley está dedicada a este tema. ¿Se meterá este tipo de formación a través de la polémica EpC? No. El Gobierno ya ha aprendido que en Educación ha topado con los padres objetores. Así que ha optado por dirigirse a través de los agentes sanitarios. Así lo ha confirmado el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, y la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez. Ambos han informado que están elaborando una norma legislativa que obligará a todos los centros -sin excepciones- a impartir educación sexual a todos los alumnos desde la infancia, señalan desde Profesionales por la Ética. ¿Y quiénes serán los 'educadores'? Todos aquellos que el Gobierno quiera capacitar. No serán profes sino enfermeros, psicólogos, sexólogos, etc. De esta manera se pretende evitar que los centros apelen al ideario ya que serían acusados de no colaborar con la salud pública, advierte el secretario general de PPE, Fabián Fernández de Alarcón.

Así que muy probablemente el curso que viene todos los centros educativos empezarán a impartir educación sexual y reproductiva controlada y supervisada por las autoridades sanitarias con las indicaciones del ministerio Jiménez. De esta manera, el Estado se entromete de nuevo en la intimidad de los alumnos ya que el ejercicio de la sexualidad pertenece al ámbito personal y afecta a valores y convicciones y por tanto a la libertad ideológica y de conciencia.

Según PPE, la impartición obligatoria de estos contenidos contraviene la Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención sobre los Derechos del Niño, Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Constitución Española y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La conclusión de Fernández de Alarcón es clara: la impartición de contenidos de educación sexual a menores no puede ser obligatoria; si lo es, será ilegal y los padres tendrán todo el derecho a oponerse; también los centros tendrán derecho a defender su ideario y carácter propio.