A escasos días de las elecciones venezolanas que se celebrarán el próximo domingo, la Hacienda venezolana ha decidido clausurar las oficinas de la teleoperadora española durante 24 horas. El cierre se hizo efectivo a las 16,00 hora local del pasado miércoles. Además, el gobierno ha impuesto una multa a la compañía por valor de 341,80 dólares.
Movistar (la marca global de Telefónica Móviles desde el pasado mes de abril) seguirá prestando servicio a sus 5 millones de clientes venezolanos y las operaciones comerciales seguirán funcionando con normalidad. Tan sólo se ha paralizado la actividad administrativa de la compañía. Una decisión extraña con una multa ridícula, sólo entendible en un contexto electoral en donde Chaves necesita enseñar a la opinión pública que ha dirigido su acción contra el gran capital gallego.
