Según Fernando Burgos, no es posible que una persona como Botín actúe contra los intereses del SCH. Los juicios contra Botín por las indemnizaciones y por las cesiones de crédito colocan al sistema judicial español bajo la lupa.
Fue muy emocionante. Ocurrió en la clínica madrileña de La Luz. En aquel momento, coincidieron, y por la misma causa, una operación de próstata, el presidente del Santander Central Hispano (SCH), Emilio Botín, el del Popular, Luis Valls, el ex de Banesto, Pedro Garnica Mansi, y el ex consejero de Banesto, Rafael Pérez Escolar, el hombre que ha llevado a los tribunales a Emilio Botín. Quizás por la presencia del peligroso Pérez Escolar en el centro hospitalario, así como por una mala asimilación de la anestesia, lo cierto es que Botín despertó sobresaltado en su cama, creyendo que le había secuestrado ETA y advirtiendo, en un detalle de buen banquero, que no tenía dinero para pagar el rescate.
La próstata es una glándula delicada. Por eso, Emilio Botín, de 70 años de edad, acudió a los lavabos de la Audiencia Nacional al menos cuatro veces en veinte minutos, durante el receso de la sesión final del juicio por las indemnizaciones recibidas por el ex presidente José María Amusátegui y el consejero delegado Ángel Corcóstegui (insistimos en sus cargos, para que quede claro que no hablamos de la delantera del Athlétic Bilbao). El primero cobró 44 millones de euros por marcharse del banco y dejar la Presidencia única en manos de Emilio Botín, seis meses antes de lo que estaba previsto, mientras que el segundo abandonó el cargo, por agotamiento mental, con una pensión de 110 millones de euros: Botín asumía, de esta forma, todo el poder.
A partir de ahí, su principal enemigo pasaba a ser Escolar, que no le perdona la absorción de Banesto. Por eso, lo que más preocupa a Botín son los dos juicios, indemnizaciones y cesiones, que tiene abiertos Escolar contra él. Y por eso, ha movilizado a toda la clase abogacil y ha situado a la justicia en el brete de condenar al hombre más poderoso de la economía española y al presidente de la primera potencia financiera, además de ser el ciudadano más rico de España.
La verdad es que la labor realizada por el presidente del Tribunal que le juzga en la Audiencia, Antonio Díaz Delgado, y aún más la del juez ponente, Luis Antonio Martínez de Salinas, han resultado, lo que podríamos decir, no especialmente dura y aviesa con el acusado principal.
El hecho de que la llegada del PSOE al poder haya servido para que Pedro Solbes, vicepresidente económico, haya decidido que el abogado del Estado no se persone en el otro gran juicio que se prepara contra Botín, el de las cesiones de crédito, en el que el presuntamente robado es el Fisco, también permite presuponer que los dos juicios contra Emilio Botín constituyen una prueba de fuego para la justicia española.
Pero lo más llamativo no ha sido la actitud de los jueces, sino la del fiscal encargado del caso, Fernando Burgos. En ese mismo receso mingitorio, el pasado jueves 17, Fernando Burgos se dirigió al acusado y le propinó un cordial abrazo, en medio de la estupefacta concurrencia.
No sólo eso, sino que el informe del fiscal, que a menudo se confundía en sus argumentos con las de la defensa de Botín (imposible enumerarla, lo mejor es acudir al listado del Colegio General de la Abogacía Española), recogía en sus conclusiones finales las siguientes palabras: No es posible pensar que una persona como don Emilio Botín, dedicada al ejercicio de la banca durante toda su vida, y presidiendo el primer banco de España y el tercero de Europa pueda actuar contra los intereses de la entidad. Podríamos decir que el fiscal no puede concebir que el hombre más rico de España cometa algún delito o simplemente algo deshonesto.
La cuestión de fondo es si las indemnizaciones, salarios, pensiones u otros emolumentos percibidos por los directivos de bancos y grandes empresas tienen límite, o si el presidente de una gran compañía puede, motu proprio, utilizar el dinero de los demás, es decir, del resto de los accionistas, para librarse de un competidor en el cargo, independientemente de que lo apruebe o no el Consejo de Administración, o si debe ser sometido a la Junta de Accionistas.
Fernando Burgos ha sido un miembro caracterizado del Partido Comunista de España, formación históricamente alejada de la banca, aunque la Historia cambia. Lo cierto es que mientras se celebra el juicio contra Botín, la presidenta de HP, una multinacional mucho más capitalizada e importante que el SCH, se marchaba a casa, de un día para otro, sin negociación alguna, con 21 millones de dólares. Don Fernando tiene una visión demasiado calvinista (los ricos ni pecan, ni delinquen, ni yerran) para un comunista.
En efecto, los dos juicios pendientes de Emilio Botín ponen bajo la lupa a la Administración de Justicia, precisamente la institución menos apreciada por los españoles.
