Sr. Director:
Recordamos que Esquerra Republicana de Catalunya no aprobó el Estatut en el Parlament Catalán y que pidió el voto no en el referéndum.

Pues bien, ahora el vicepresidente de la Generalitat catalana, Josep Lluís Carod-Rovira, ha lanzado la iniciativa de convertir la próxima Diada, el 11 de septiembre, en un acto de presión sobre el Tribunal Constitucional para que resuelva a favor del Estatuto catalán los recursos de inconstitucionalidad pendientes.

En la polémica ha intervenido el ministro de Justicia, lo único serio de las valoraciones de Caamaño sobre los tres años de aplicación del Estatuto ha sido el vaticinio de que la sentencia del TC va a marcar el futuro de las autonomías. En efecto, así será y tales palabras, sin pretenderlo, demuestran que esa ley condiciona toda la estructura del Estado y va a afectar a todas las autonomías, es decir, a todos los ciudadanos españoles.

El ministro de Justicia ha puesto el dedo en la llaga, porque su opinión entraña el reconocimiento de que el Estatuto de Cataluña fuerza el régimen actual del Estado autonómico establecido por la Constitución. En otro caso, no sería el TC, sino el Parlamento o, a lo sumo, el pueblo español, como único sujeto titular de la soberanía nacional, el que decidiera cuál va a ser el futuro de las autonomías. ¿Compete al TC asumir la tarea que le pronostica el ministro de Justicia, más propia de un legislador constituyente que de un intérprete de la Constitución? El electorado catalán es decisivo para el PSOE y este diagnóstico es el que preside las decisiones últimas de Rodríguez Zapatero sobre su política de pactos, el sistema de financiación autonómica o la complacencia ante la quiebra del interés nacional.

Xus. D Madrid

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