Al igual que la Reforma del IRPF, el Gobierno Zapatero deja para 2007 la Ley sobre Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de las empresas. Pero, eso sí, se empeña en llevarla adelante. Así, ya se ha constituido el grupo de expertos del Ministerio de Trabajo, con miembros de ONG, representantes de universidades, de algunas empresa y de Amnistía Internacional, esta última para ofrecer una nota de color.
Naturalmente, la coordinación del Grupo está en manos del hombre del PSOE para la reputación social corporativa, el buen Gobierno, y demás formas de sangrar el presupuesto de las compañías, Manuel Escudero, quien aspira a convertirse en el primer secretario de Estado de Reputación Corporativa. Curiosamente, no están ni la patronal CEOE ni los sindicatos CCOO y UGT, pero eso es por que la RSC es omnipresente: Subcomisión en el Congreso de los Diputados, distintos foros como el Pacto Mundial y sigan ustedes contando.
Lo curioso es que en la sesión inaugural de este grupo de expertos el ministo Jesús Caldera les habló de que la futura ley tendría pocos aspectos impositivos, y muchas recomendaciones. De hecho, Caldera sólo se refirió a la obligatoriedad de que las empresas cotizadas emitan una memoria anual de desarrollo sostenible, algo que ya hacen todas ellas motu proprio, aunque, desde luego, no justifica la elaboración de una ley ni la creación de una Secretaría de Estado.
Por eso, la sospecha sigue en pie: no se hace una ley para aconsejar, sino para ordenar. Y considerando que semanas atrás, la vicepresidenta primera del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, advirtió que debería aplicarse la paridad entre sexos en los equipos directivos de las empresas...
