En la mañana de este lunes el ex presidente Aznar clausuraba unas jornadas energéticas. Por supuesto, reiteraba la apuesta por la energía nuclear. Pero además, aprovechaba para arremeter contra sus compañeros de partido. "Con alguna excepción, los únicos que han estado en su sitio han sido los alcaldes que han solicitado el almacén". ¿Cuáles son esas excepciones?, le preguntan. "He dicho exactamente lo que quería decir". O sea, capón a Cospedal, pero sin hacer sangre.
En opinión de Aznar, la prioridad ahora sería el debate de cómo logramos crear centrales nucleares de nueva generación. Unas centrales que permitan revertir la tendencia contaminante de nuestra industria. El incremento de emisiones de CO2 desde 1990 ha sido del 40% cuando el compromiso de Kyoto fijaba el límite en el 15%. Y eso significa pagar las multas correspondientes. Además, permitiría dar seguridad en el suministro y recortar la dependencia energética situada actualmente en el 79%, sólo superada por Italia en la UE. Y desde luego, permitiría ofrecer competitividad a nuestra industria y nuestro sistema productivo. "Las nucleares no lo son todo, pero sin ellas no hay nada". Y otra advertencia: "pagaremos un alto precio si España queda aislada". Y es que países con gran sensibilidad medioambiental como Gran Bretaña, Finlandia o Japón ya han comenzado a apostar por la nuclear de la manera decidida.
Además, según Aznar, el error es considerar a las renovables como excluyentes de las nucleares. En su opinión, deben ser "complementarias". Es más, recuerda que fue él mismo quien impulsó las renovables en 1997 "con la misma ley vigente actualmente", pero censura que las primas se utilicen para desplegar la industria en lugar de para invertir en I D. "De los subsidios como de los laberintos conviene salir cuando antes".
Por último, censura la ausencia de un marco regulador estable, los vaivenes de la OPA sobre Endesa que merecieron una sanción de Bruselas y la decisión arbitraria del Gobierno de saltarse el informe del Consejo de Seguridad Nuclear sobre Garoña. "La inseguridad jurídica nunca es gratis", advierte. Un último apunte: el 92% de los 19.000 millones de déficit tarifario se han generado a partir del 2005. "Como todas las deudas, las acaban pagando los consumidores".
