A finales de julio de 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que el acceso al agua potable y limpia y al saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. Sin embargo, se ha quedado en la teoría, porque sigue siendo una tarea pendiente en la práctica: 2.200 millones de personas no tienen acceso y se calcula que cada año mueren 0,5 millones por beber agua sucia.

Cifras relevantes, teniendo en cuenta que en todo el mundo viven 7.700 millones de personas y que el agua dulce sólo supone el 2,5% del agua que hay en el planeta tierra. Asimismo, 4.400 millones viven sin un sistema de saneamiento adecuado, pero a las deficiencias se suma otro problema: una cuarta parte de la población vive en países (en concreto en 17, entre ellos, España) con extremo estrés hídrico debido al uso intensivo en la agricultura y la industria, la generación de electricidad y el elevado consumo (superior al 80%) del agua dulce y superficial en las ciudades. Además, se está produciendo una progresiva privatización del agua potable, cuyos derechos de uso ya son objeto de cotización en la Bolsa de Nueva York desde el pasado diciembre, dando lugar a la especulación con un recurso fundamental para la vida y una mercantilización del derecho al agua.

Se está produciendo una progresiva privatización del agua potable, cuyos derechos de uso ya son objeto de cotización en la Bolsa de Nueva York: especulación con un recurso fundamental para la vida

agua

Un difícil contexto ante el que las reivindicaciones por el derecho humano al agua y al saneamiento sigue siendo oportuna: cada año se conmemora el Día Mundial del Agua el 22 de marzo. Y dentro de la situación que ha provocado la pandemia del coronavirus desde hace más de un año, donde el lavado de manos con agua y jabón es la mejor medida de prevención, el hecho de que ese derecho sea una realidad es aún más importante, si cabe.

“El derecho al agua es asimilable al derecho a la vida, porque sin agua la vida no sería posible. Es tan básico como eso”, ha afirmado María José Hernando, del departamento de Estudios de Manos Unidas, entidad sin ánimo de lucro de la Iglesia católica que en los últimos cinco años ha aprobado 147 proyectos vinculados al agua y al saneamiento, en declaraciones a COPE. En concreto, “desde sencillas perforaciones hasta captaciones de agua de lluvia, pasando por obras más complejas” y apoyan la gestión de recursos hídricos y la protección de los ecosistemas, así como la promoción de la higiene y “la formación para una buena gestión de las infraestructuras de agua y un uso eficiente de este bien tan escaso”.

“El derecho al agua es asimilable al derecho a la vida, porque sin agua la vida no sería posible. Es tan básico como eso”, afirman desde Manos Unidas

El agua y el saneamiento son dos aspectos fundamentales en las instalaciones de asistencia sanitaria y la Iglesia católica es la mayor institución civil que presta dicha asistencia, por tanto también trabaja activamente para que ese derecho se refleje en la práctica, por ejemplo, a través de Cáritas y otros organismos. De hecho, las distintas organizaciones de Cáritas colaboran con las comunidades para identificar y desarrollar fuentes hídricas para uso doméstico y sistemas básicos de riego, como pozos protegidos excavados manualmente, pozos de perforación, sellado de manantiales y programas básicos de abastecimiento hídrico.

derecho al agua África

La Iglesia católica es una de las instituciones que presta atención médica en los contextos más pobres y difíciles del mundo: zonas de guerra, zonas de pobreza, ante catástrofes naturales (por ejemplo, se puede ver recientemente en la respuesta de Misiones Salesianas ante las inundaciones en Timor Oriental que han provocado las lluvias torrenciales hace unas semanas) o con graves deficiencias de servicios básicos. El continente más castigado por la falta de agua es África, donde la falta de agua no sólo supone problemas de salud y de higiene, sino que lastra su desarrollo: “hace que muchas niñas no estén escolarizadas porque son ellas las que se encargan de gran parte de las tareas de la casa, entre las que está el abastecimiento de agua para lavar, cocinar…”, ha señalado la misionera religiosa Victoria Braquehais a COPE. “La escasez de agua o el consumo de agua no segura está en la base de muchas enfermedades, disminuye mucho la calidad de vida y es una de las principales causas de la mortalidad temprana porque provoca diarreas, fiebres tifoideas y favorece la malaria”, ha explicado esta misionera que tiene una larga experiencia en el continente, destacando que, por ejemplo, en el África subsahariana, donde viven 900 millones de personas, el acceso al agua puede “marcar la diferencia entre la vida y la muerte”. Además, la falta de agua provoca hambre y pobreza, por lo que también es una de las causas que está detrás de los movimientos migratorios.

En África, la falta de agua no sólo supone problemas de salud y de higiene, sino que lastra su desarrollo: “hace que muchas niñas no estén escolarizadas porque son ellas las que se encargan de gran parte de las tareas de la casa, entre las que está el abastecimiento de agua”

El trabajo por el citado derecho humano en el presente debe reforzarse, y más teniendo en cuenta el futuro: se prevé que la población mundial alcance los 9.100 millones de habitantes en el año 2050, por lo que harían falta casi tres planetas Tierra para proporcionar los recursos naturales necesarios que permitan mantener los modos de vida actuales. Por tanto, esto justifica la necesidad de cambiar y adoptar nuevos modos de producción y consumo sostenibles, porque estos recursos, sobre todo los hídricos, no son infinitos y cuya demanda podría crecer hasta un 30%.

agua

Al hilo de esto, con motivo del Día Mundial del Agua que se celebró hace unas semanas, Naciones Unidas lanzó la campaña #Water2me, con el objetivo de trasladar a la población la importancia de este recurso y de encontrar soluciones que aseguren su protección. Y es debe ser una tarea de todos: organizaciones privadas y públicas, gobiernos y administraciones, entidades sin ánimo de lucro, empresas y sociedad civil.

La captación, potabilización y reutilización de la lluvia, desarrollar infraestructuras, no hacer vertidos a los ríos y mares o la economía circular pueden contribuir a que este derecho sea realidad

En este contexto están surgiendo algunas iniciativas que pueden contribuir, como la reutilización de las aguas pluviales para regar zonas verdes o limpiar calles en las ciudades, la dotación de recursos para desarrollar infraestructuras (entre ellas, pozos, depuradoras y desalinizadoras), la captación y potabilización del agua de lluvia en casas o comunidades de vecinos, unas políticas públicas adecuadas, los mecanismos de ahorro, etc. o no hacer vertidos a los ríos o mares. Esto último no es baladí, porque más del 80% de las aguas residuales de actividades humanas se vierten a ríos y mares sin ningún tratamiento, provocando su contaminación, según Naciones Unidas.

Entre las iniciativas también está todo lo relacionado con la economía circular, que, según los profesionales del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM), es clave en la recuperación y reutilización del agua, un recurso vital que puede verse gravemente afectado debido a los efectos que tendrá el cambio climático en España país en un futuro próximo. La Comisión Europea planteó hace un año un nuevo Plan de Acción de Economía Circular para lograr un modelo de producción y de consumo sostenible, buscando la valorización de residuos, y que introduce medidas dirigidas a potenciar la durabilidad y la reutilización, combatir la obsolescencia, promocionar la refabricación, así como motivar a los consumidores y fortalecer el mercado de materias primas secundarias, entre otras.