Desde Hispanidad hemos denunciado que los objetivos ideológicos y cristófobos de la Ley de Memoria Democrática, en cuanto al conjunto monumental del Valle de los Caídos, el plan de Sánchez consta de tres puntos principales:

- Primero, Sánchez está obsesionado con derribar la cruz, "esa horrible cruz", como dijo la socialista Carmen Calvo, y como publicamos, Ayuso prepara la protección de la cruz del Valle de los Caídos con la nueva Ley de Patrimonio. Este punto se le está complicando al Gobierno, pese a que Podemos lo exige y es una de las grandes obsesiones de Bolaños y Sánchez, parece que sería muy difícil y casi imposible derribar la cruz, la más alta del mundo, además podría ser incluso contraproducente para el resto de la sierra de Guadarrama y, lo de cortar los brazos de la cruz y convertirla en otro monumento, también parece una obra imposible. 

- Segundo, las exhumaciones, que también están en el punto de mira del Gobierno, aunque como recogió Hispanidad, están paralizadas puesto que menos de 60 familias han pedido exhumar restos de sus familiares... frente a 258 familias que han pedido que no se toque a los suyos. Eso sí, han imputado a la alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial por paralizar las exhumaciones. Aquí también lo tienen complicado, una cosa es exhumar a Franco que estaba clara cuál era su tumba y otra intentar saber donde están esas 60 personas. Para entendernos, en el Valle de los Caídos están enterradas unas 34.000 personas, de las que 12.510 no están identificadas, es decir, no se sabe si están allí o no, a lo que hay que sumar el deterioro y mal estado de las tumbas. 

- Tercer punto, el plan también pasa por la expulsión de la comunidad benedictina a cuyo frente está el prior Santiago Cantera, que ahí siguen resistiendo estoicamente, pese a no haber recibido ni un euro, de los que les corresponde, para la conservación de la Abadía. Desde el 2019 se congelaron los 340.000 euros que debía recibir anualmente por el mantenimiento del recinto, ni eso hace que los benedictinos abandonen, pese a tener que mantener ellos solitos todo el conjunto monumental. 

Con este panorama, y viendo que cada vez se complica más su plan, Sánchez, según el Confidencial, se ha sentado a negociar, con la Iglesia, pero la oposición no está siendo muy dura. Así se baraja que no se desacralice la basílica ni se convierta en un centro de memoria histórica… republicana, naturalmente. El plan de nuestro presidente es llegar a un acuerdo con el Arzobispado de Madrid, que se encargará de la atención pastoral y litúrgica, el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, designaría un párroco para la basílica. Además, se baraja que otra comunidad religiosa ocupe el sitio de los benedictinos, que serían expulsados del Valle: incluso se plantea que quede en manos de algún movimiento laico, para lo que se especula con la Comunidad de San Egidio. 

Con esto de la Ley de Memoria Histórica y Democrática parece que la Iglesia está oponiendo poca resistencia, mirando hacia otro lado: no hay más que recordar la exhumación de Queipo de Llano, en el que podrían haber acudido a los tribunales alegando su jurisdicción sobre los lugares sagrados, puesto que los artículos 5 y 6 del Concordato entre el Estado español y la Santa Sede de 1979 les amparan. Pero prefirieron cumplir con los deseos de Sánchez. Esperemos que con el Valle de los Caídos y la Comunidad Benedictina no pase lo mismo. Recuerden que en el Valle de los Caídos no están enterrados ni los “rojos” ni los “azules”, sino los caídos en la Guerra Civil: 33.847 católicos españoles, sin importar en qué bando habían luchado.