En esta crónica semanal sobre Hispanoamérica, recogemos noticias destacadas acaecidas en la región compuesta por países hermanados en la Hispanidad (que tienen en común su fe cristiana, su cultura y su lengua y cuya patrona es la Virgen del Pilar) . 

Esta semana empezamos esta crónica en Uruguay, cuyo contexto es que ostenta el poder un ejecutivo izquierdista, presidido por Yamandú Orsi, interesado en implantar políticas contrarias a la ley natural. 

En este país, concretamente, el nuevo ejecutivo pretende aprobar la eutanasia para personas con enfermedades terminales, incurables e irreversibles. Hispanidad ya había contado que el nuevo presidente quería abrir la puerta a la eutanasia.

El proyecto continúa su tramitación en el legislativo del país, promovió por el partido gobernante, Frente Amplio. Y esta semana fue aprobada por la Cámara de Diputados por 64 votos a favor y 29 en contra. Ahora debe seguir su tramitación en el Senado. 

La legislación permitiría la eutanasia a personas mayores de edad “que padezcan una o más patologías o condiciones de salud crónicas, incurables e irreversibles que menoscaben gravemente su calidad de vida, causándole sufrimientos que le resulten insoportables”. Dos profesionales de la salud deberán avalarla.

Frente este proyecto contra la vida, la Iglesia católica sigue advirtiendo de su carácter perverso y de sus nefastas consecuencias. Los obispos uruguayos han publicado mensajes en los que recuerdan que "la dignidad de cada persona es un don absoluto, inalienable, que no se pierde jamás”, recoge Aciprensa. 

“Para Dios, cada vida es infinitamente amada y digna de todo nuestro cuidado”. “Nuestra sociedad debe acoger, proteger y acompañar a cada persona hasta el final de su vida terrena”, prosiguen los prelados uruguayos. "Todos tenemos derecho a ser cuidados y atendidos. Jesús nos enseñó a no dejar a nadie tirado al costado del camino”. También apostaron con un “rotundo sí a la medicina paliativa: cuidar, aliviar y consolar con amor y profesionalismo”. Y subrayaron un “firme no a la eutanasia”; ya que “causar la muerte de un enfermo es éticamente inaceptable”. 

Nuestro siguiente destino es Ecuador, cuyo contexto es que el actual presidente, Daniel Noboa, se impuso en las elecciones del pasado mes de abril habiendo formado previamente un documento en el que se comprometía, literalmente, a esto: “No apoyaremos la aprobación de ninguna reforma que legalice o amplíe el aborto o la eutanasia”. “No permitiremos la ideología de género en textos o instituciones educativas, ni cambios de sexo en menores de edad, ni adopción por parte de parejas homosexuales”. “Es fundamental que las familias puedan educar a sus hijos sin imposiciones ideológicas desde el Estado”. 

En ese contexto, el Defensor del Pueblo, César Córdova Valverde, ha presentado un proyecto de ley de reproducción asistida que va a ser tramitado por el legislativo ecuatoriano.

El proyecto de ley obedece a una sentencia de la Corte Constitucional que ordenó a la Asamblea Nacional, en el año 2018, legislar esta práctica, recoge Aciprensa. 

Según Córdova, el objetivo de la propuesta es "garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva" y "establecer una regulación de las técnicas de reproducción asistida bajo criterios de seguridad, eficacia y respeto irrestricto a los derechos humanos". 

Como se sabe, el término ‘derecho a la salud sexual y reproductiva’ es que se utiliza en la ONU para justificar el aborto. 

En una entrevista con ACI Prensa, la provida Estela Zea de Furlato advirtió que el proyecto de ley “es peligroso desde cualquier mirada, porque no respeta el principio del interés superior del niño”. “Muchos católicos no se dan cuenta que con la fertilización in vitro (FIV) muchas veces están asesinando a sus hijos en camino. No se dan cuenta de la manipulación de embriones, que son eliminados voluntariamente y también, muchas veces inconscientemente”. 

Zea de Furlato también alertó sobre los vientres de alquiler: “Una mujer no está en libertad durante los nueve meses que alquila su vientre. Los vientres de alquiler usualmente se dan en mujeres de escasos recursos, por la necesidad económica. Es muy triste y muy penoso pensar que el cuerpo humano se pueda convertir en un objeto de contrato, como si fuera mercancía”. 

Por su parte, Mons. Cristóbal Kudlawiec, Obispo de Daule y presidente de la Comisión Vida y Familia del Episcopado, subrayó que las técnicas de reproducción asistida plantean “serios problemas morales relacionados con el respeto que merece el ser humano desde el momento de su concepción, así como con la dignidad de la persona, su sexualidad y la transmisión de la vida”. Y alertó que estás prácticas requieren “formar y destruir innumerables embriones humanos” y que muchos otros son congelados, lo que “constituye una ofensa al respeto debido a los seres humanos”.

Ecuador debería tomar ejemplo de República Dominicana, donde el aborto sigue estando prohibido en el nuevo Código Penal. 

Nos vamos a Nicaragua, donde los nicaragüenses vienen padeciendo la dictadura izquierdista de Daniel Ortega desde que este se hiciese con el poder, en enero de 2007 (aunque anteriormente presidió un mandato presidencial entre 1985 y 1990).

El sandinista, lejos de apaciguarse con los años, se ha vuelto cada vez más dictador. Y ha endurecido la represión, sobre todo tras las protestas ciudadanas de abril de 2018. Y una de las instituciones que persigue con más saña es la Iglesia católica, pues ésta fue una de las que más alzó voz contra esa represión y Ortega sabe perfectamente que predica libertad y dignidad humanas, ambas pisoteadas por él. 

Esta semana, la mujer de Ortega, Rosario Murillo, expropió el colegio católico San José, perteneciente la orden religiosa Congregación Hermanas Josefinas.

Las palabras de la co-dictadora no pudieron ser más cínicas: «Tenemos nuevo centro educativo. Esto es un logro de la paz, de la paz que vivimos, que resguardamos, la paz que merecemos».

Además, justificó la expropiación en que en ese colegio, supuestamente, se «torturó y asesinó» a  sandinistas durante las protestas contra la dictadura, en abril de 2018: «El golpismo, durante la nefasta, la criminal ocupación de la ciudad de Jinotepe, torturó y asesinó a compañeros y compañeras (…) ¿Dónde ocurrían esos crímenes? En el colegio San José, desgraciadamente». 

Y el próximo domingo 17 se celebrará la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia.