Empezamos esta crónica semanal de Hispanoamérica —en la que hacemos especial énfasis en la defensa de la vida, la familia y la libertad— en México, para defender la libertad religiosa y de culto.

Como ha venido contando Hispanidad, allí existe una iniciativa de uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para prohibir los belenes navideños en espacios públicos, es decir, para tratar de ocultar la Navidad: la conmemoración de la venida de Dios a la tierra en un bebé llamado Jesús, que luego sería el Salvador del mundo.  

La plataforma ciudadana Actívate ha animado a sumarse a la campaña contra esa iniciativa —que huele a masonería a la legua— y, que lleva hasta ahora más de 63.600 adhesiones, recoge Aciprensa.

De ser aprobado el proyecto de sentencia, afectaría inicialmente a tres ayuntamientos en el estado mexicano de Yucatán, pero daría luz verde a que se prohíba la instalación de símbolos religiosos en espacios públicos de todo el país, que incluiría imágenes de la Virgen de Guadalupe y de San Judas Tadeo.

La iniciativa estaba programada para ser votada el 9 de noviembre, pero se postergó y no hay fecha para la votación.

En los países donde se han implantado ese “modelo de educación en la sexualidad”, se han obtenido en los jóvenes “efectos totalmente contrarios a lo que quiere prevenir: casos de depresión y “suicidio por pérdida de identidad sexual, incremento de embarazos en la adolescencia, el abuso y la violencia sexual...

Nos vamos ahora a Colombia para defender el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones. En ese país, el proyecto de ley 229 del 2021 sobre educación sexual busca pervertir a los niños e inculcarles la ideología de género desde la escuela.  

En concreto, el texto busca que en las escuelas sea obligatoria una educación sexual que promueva los llamados derechos sexuales y reproductivos  –que incluyen el aborto y el uso de anticonceptivos–, y que difunda la ideología de género, esa corriente que propugna que cada uno puede elegir su sexo con independencia de su biología.

El proyecto de ley 229 del 2021 ha sido traído nuevamente a debate en la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico, la coalición de izquierda que lidera el presidente colombiano, Gustavo Petro. Este proyecto ha recibido el rechazado de los parlamentarios de la Bancada Provida y de otros sectores.

Por ello, la Confederación Nacional Católica de Educación (CONACED) pidió al Congreso que archive el proyecto de ley, recoge Aciprensa.

En su misiva, la CONACED advirtió al Congreso que en los países donde se han implantado ese “modelo de educación en la sexualidad”, se han obtenido en los jóvenes “efectos totalmente contrarios a lo que quiere prevenir”.

Entre estos, se han detectado casos de depresión y “suicidio por pérdida de identidad sexual, incremento de embarazos en la adolescencia, el abuso y la violencia sexual, la destrucción de la familia, enfermedades de transmisión sexual, abusos entre menores y afectaciones en el desarrollo psicoemocional, entre otros, resultando peor el remedio que la enfermedad”.

Por todo ello, la Confederación Nacional Católica de Educación exhortó al Congreso a cumplir con “su deber constitucional servir al pueblo colombiano”, y por ello, solicitó que “se retire o archive EL PL 229 de 2021”.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció que el nuevo Código Penal de Cuba, que entró en vigor el 1 de diciembre, eleva a 24 los delitos sancionables con la pena de muerte, cuatro más que en la normativa de 1987

Y terminamos esta crónica semanal de Hispanoamérica en Cuba, para defender la libertad frente a la tiranía comunista.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció que el nuevo Código Penal de Cuba, que entró en vigor el 1 de diciembre, eleva a 24 los delitos sancionables con la pena de muerte, cuatro más que en la normativa de 1987; también denunció que persigue el ejercicio cívico de cualquier derecho político.

“La pena de muerte toma fuerza en Cuba. Tras la aprobación del nuevo Código Penal ascendieron a 24 los delitos sancionables con la pena capital. De esta manera, el Estado cubano marcha contrario a la tendencia internacional de abolir la pena de muerte, e intenta usar la nueva norma para amenazar, incluso con la muerte, a quienes intenten cambiar la situación de represión y miseria”, denunció Yaxys Cires, director de Estrategia del OCDH.

El nuevo Código Penal incluso prevé un artículo (el 120.1) que sanciona con cárcel, de cuatro a diez años, a quien “ejercite arbitrariamente cualquier derecho o libertad reconocido en la Constitución de la República”.

También se criminaliza y establece una condena de hasta 10 años de prisión contra las actividades de cooperación internacional o de asistencia financiera a proyectos de la sociedad civil independiente, fuera de control estatal (142), lo cual, además de ir en contra de un derecho reconocido por la ONU a la sociedad civil, es un obstáculo para la asistencia al empobrecido pueblo cubano.

En noviembre, se registraron al menos 352 acciones represivas en Cuba, de las cuales, 121 fueron algún tipo de detención arbitraria y 231, otros abusos. Entre estos últimos aparecen sitios de viviendas (88), abusos contra presos políticos (36), citaciones policiales, multas, cortes de internet y telefonía, juicios, amenazas, exilio forzado o impedimento de salir del país.