La reforma judicial de Netanyahu ha originado semanas de protestas violentas en las calles
Recogía ayer Hispanidad el malestar ciudadano creciente y la crisis política en Israel, ante la reforma judicial que pretende el primer ministro Benjamín Netanyahu, promovida sobre todo por sus socios supremacistas judíos. Y que ha originado semanas de protestas violentas en las calles.
En esencia, la reforma judicial daría al Parlamento israelí, la Knesset (y por tanto a los partidos en el poder), un mayor control sobre el poder judicial. Según esa reforma judicial, el Gobierno tendría el control sobre el nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo; decidiría sobre qué leyes puede pronunciarse el Tribunal Supremo; impediría que los tribunales puedan vetar normas aprobadas por el Parlamento; e incluye la "cláusula de anulación", por la que una mayoría parlamentaria podría revertir fallos del Supremo.
No obstante, en Israel sus detractores la ven como una amenaza para la democracia israelí al violar la separación de poderes, mientras que sus defensores opinan que el Tribunal Supremo israelí se inmiscuye demasiado en política y es necesario limitar ese poder, explica RTVE.
Hasta el presidente de Israel, Isaac Herzog, en un gesto inédito, pidió a Netanyahu que detuviese "de inmediato" la reforma judicial: "Por el bien de la unidad del pueblo de Israel, por el bien de la responsabilidad necesaria, les pido que detengan el proceso legislativo de inmediato”.
Pues bien: a última ahora de ayer, Netanyahu anunciaba que retrasará hasta mayo la tramitación de la polémica reforma judicial para llegar a un "amplio consenso". "Por responsabilidad nacional, decidí suspender la segunda y tercera lectura de la ley en esta sesión de la Knéset para dar tiempo a tratar de llegar a un amplio consenso, en preparación para la legislación durante la próxima sesión parlamentaria".
Netanyahu recalcó que "no debe haber una guerra civil" y que "cuando hay una opción para evitar la guerra civil a través del diálogo, tomo un tiempo para el diálogo". El primer ministro ha advertido de que esta situación supone "una amenaza real para la unidad nacional".