El nuevo Gobierno israelí se conformó en diciembre del año pasado, con Benjamín Netanyahu (líder del partido Likud) otra vez como primer ministro, en una coalición de Gobierno en la que está apoyado por formaciones religiosas ultranacionalistas. 

Una de las iniciativas que ha impulsado Netanyahu en esta nueva etapa es, a principios de enero, una reforma del poder judicial por la que el Gobierno tendría el control sobre el nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo; impediría que los tribunales puedan vetar normas aprobadas por el Parlamento; e incluye la "cláusula de anulación", por la que una mayoría parlamentaria podría revertir fallos del Supremo. La verdad es que muy democrático no suena, aunque, eso sí, hay que tener en cuenta que Israel es un país rodeado de enemigos y no puede permitirse demasiados follones internos.

Sea como fuere, esta reforma ha provocado una crisis política en Israel casi sin precedentes, pues se percibe como una amenaza a uno de los pilares de la democracia como es la separación de poderes. En este sentido, y en un acto inédito -el jefe de Estado de Israel no gobierna-, el presidente del país, Isaac Herzog, le ha pedido a Netanyahu que paralice la reforma. Más presión para el primer ministro, que atraviesa uno de sus momentos más críticos.

La crisis política se ha saldado con protestas ciudadanas desde hace casi tres meses. Y en la última manifestación, el sábado pasado, hubo unos 630.000 manifestantes en todo el país. Esta situación ha contemplado, además, el cese del ministro de Defensa, Yoav Gallant, que había pedido públicamente frenar la reforma judicial, con estas palabras: "Nunca he visto el nivel de odio y dolor que veo ahora. La división en la sociedad llega hasta el Ejército y ello supone un peligro inmediato y tangible a la seguridad del Estado. No voy a ceder en esto". 

Y también ha provocado que el actual presidente de Israel, Isaac Herzog --perteneciente al partido HaAvodá--, haya pedido a Netanyahu que detenga "de inmediato" la reforma judicial: "Por el bien de la unidad del pueblo de Israel, por el bien de la responsabilidad necesaria, les pido que detengan el proceso legislativo de inmediato”. 

Dentro de la coalición gubernamental, los supremacistas judíos se oponen frontalmente a que el primer ministro dé marcha atrás en este proyecto de reforma judicial. Por ejemplo, el ministro de Seguridad Nacional, el ultranacionalista Itamar Ben-Gvir, ha pedido en redes sociales continuar con la reforma judicial y no ceder "a la anarquía".

Para más inri, la confederación de sindicatos, el Histadrut, ha amenazado con una huelga general inmediata si no abandona el proyecto.