En Israel, el Parlamento (Knéset) aprobó este lunes una ley que debilita el poder que tenía la Corte Suprema de anular decisiones del gobierno que considerase irrazonables, lo que muchos interpretan como un ataque a la democracia y la separación de poderes.

Los opositores a esta reforma del primer ministro Benjamin Netanyahu dicen que socavará la democracia del país al debilitar el sistema judicial cercenando una herramienta que tenía este para mantener bajo control el poder del gobierno. Y añaden que las reformas protegerán al primer ministro de 73 años, quien actualmente está siendo juzgado por posible corrupción (cargos que él rechaza). 

En concreto, la reforma debilita el poder de la Corte Suprema para revisar o anular leyes, permitiendo que una mayoría simple en la Knesset invalide tales decisiones. Tiene una voz decisiva sobre quién se convierte en juez, incluso en la Corte Suprema, aumentando su representación en el comité que los nombra. Y elimina el requisito de que los ministros obedezcan los consejos de sus asesores legales, guiados por el fiscal general, algo que actualmente tienen que hacer por ley. 

Por su parte, el Gobierno israelí argumenta que el poder judicial interfiere demasiado con la legislación y es antidemocrático en la forma en que se seleccionan los jueces. Y añade que las medidas son necesarias para corregir un desequilibrio de poder que ha hecho que los tribunales intervengan cada vez más en decisiones políticas en las últimas décadas.

La controvertida reforma ha polarizado la opinión en Israel y ha dado lugar una de las crisis más graves en la historia del país. Cientos de miles de manifestantes han tomado las calles cada semana desde comienzos de año para protestar contra lo que califican de un ataque a la democracia. Incluso miles de reservistas, incluidos pilotos de la fuerza aérea cruciales para las capacidades ofensivas y defensivas de Israel, han prometido no presentarse como voluntarios al servicio.