Como ya contó Hispanidad meses atrás, la ley del Estado de Misisipi de 2018, que prohíbe el aborto después de las quince semanas de gestación, excepto en casos de emergencia médica o malformación fetal, iba a constituir el pleito más relevante del año en el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Y así ha sido, ahora que han comenzado las audiencias del caso. Se trata de un momento clave para el movimiento provida estadounidense, ya que se debate la primera ley estatal en llegar al más Alto Tribunal, que cuestiona el precedente de Roe vs Wade, que supuso la despenalización del aborto en Estados Unidos en 1973.

Un fallo favorable a la causa provida sentaría el camino para la aprobación de más medidas restrictivas contra el aborto, ya que afectaría a otros Estados que han propuesto medidas similares provida, como es el caso de Tennessee y, más recientemente, el de Texas, segundo Estado más poblado de EEUU con más de 29 millones de habitantes que, en el ínterin, ha adoptado una ley que va más allá de la de Misisipi y prohíbe el aborto a partir de la sexta semana de gestación.

La gran cuestión es qué postura tomará cada miembro del Tribunal Supremo y si se limitarán a pronunciarse sobre la Ley de Misisipi o si bien irán un paso más allá y se atreverán a cuestionar el precedente de Roe vs Wade.

El tridente progresista, conformado por los magistrados Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Stephen Breyer, designados respectivamente por los expresidentes demócratas Barack Obama y Bill Clinton, ha manifestado con absoluta claridad su posición abortista.

Durante las audiencias, Breyer ha señalado “Es particularmente importante señalar que eliminar un precedente debe estar basado en fundamentos, y no en la presión social”, Sotomayor apuntó “¿Sobrevivirá esta institución creando la percepción pública de que la Constitución y su interpretación son meros actos políticos? No lo creo” y Kagan reflejó que “este tribunal no puede hacer creer a la gente que es una institución política…”.

Por el contrario, al menos cuatro de los magistrados del sector conservador, Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh sugirieron que podría eliminarse Roe vs Wade, con la premisa de que fue decidido sin fundamento jurídico y de manera incorrecta. En aparente respuesta, a las aseveraciones del sector progresista, el juez Alito se preguntó ¿Es que acaso no puede corregirse un fallo si fue adoptado incorrectamente? Aunque sin duda, la mejor respuesta al argumentario progresista vino el juez Kavanaugh, quien puso de manifiesto la hipocresía progresista a la hora de defender a ultranza el precedente judicial de Roe vs Wade, cuando en el pasado, el Tribunal Supremo, con mayoría progresista, eliminó decisiones precedentes para imponer una nueva jurisprudencia, como en el caso de la legalización del matrimonio homosexual. La magistrada Amy Coney Barrett, la última de los tres magistrados designados por el expresidente Trump, no ofreció pistas relevantes durante las audiencias, acerca de si consideraría entrar a revisar Roe vs Wade. No obstante, desde su ingreso en la corte en 2020, siempre se ha alineado con posturas a favor de la vida, si bien nada hay asegurado.

Más confusa resulta la posición del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien a pesar de que históricamente pertenecía al sector conservador del Tribunal, en los últimos años ha efectuado un cierto viraje al progresismo, alineándose con los jueces progresistas, especialmente en las posturas favorables al aborto. Aparentemente, Roberts parecía dispuesto a respaldar la legalidad de la ley de Misisipi, pero exponiendo que el Tribunal no debe cuestionar Roe vs Wade, podría estar tratando de dividir al sector conservador en cuanto al alcance del fallo, buscando que se limite únicamente a la legislación de Misisipi, pero que no se pronuncie sobre la propia legalidad del aborto. Una postura que, de verificarse, podría ser peligrosa.

Nuevamente, el Partido Demócrata, en un escaso respeto a la independencia judicial, ha protestado durante las audiencias, en las manifestaciones han participado relevantes líderes progresistas como el senador Richard Blumenthal o las congresistas Barbara Lee y Pramila Jayapal.

No obstante, la impunidad progresista no tiene límite, y recuerden que la Administración Biden tiene un plan B en el caso de que el Supremo avale las leyes provida que ya adelantó meses atrás, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, anunciando que “el presidente Biden se ha comprometido en convertir Roe vs Wade en ley federal para convertir el aborto en un derecho a nivel federal, con el que las leyes estatales no puedan jugar”.

En todo caso, habrá que esperar hasta el verano del año que viene para conocer el fallo del tribunal.