Empezamos esta crónica semanal de Hispanoamérica —en la que hacemos especial énfasis en la defensa de la vida, la familia natural, la libertad de enseñanza y el bien común, es decir, los principios no negociables establecidos por Benedicto XVI—  en México, para defender el principio no negociable del derecho a la vida.

Allí, el movimiento Pasos por la Vida denunció que la legalización del aborto en 2007 es “un fracaso de las políticas públicas del país”, pues lejos de disminuir, esta práctica ha aumentado con el paso de los años.

Frida Espinosa, directora nacional de la asociación Juventud y Vida (JUVI), señaló que el fracaso del aborto como política pública evidencia “la falsa premisa de que al legalizar el aborto las cifras bajarían”, recoge Aciprensa. 

El aborto libre a pedido hasta las 12 semanas de gestación fue despenalizado en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en abril de 2007, cuando Marcelo Ebrard ejercía como Jefe de Gobierno de la capital mexicana.

“Tan sólo en la Ciudad de México, del 2007 al 2022 se practicaron 256.665 abortos en clínicas de gobierno, sin contar todos los realizados en las clínicas particulares, en donde existe una gran opacidad y que, con seguridad, el número es mucho más grande de lo que imaginamos”, denunció la líder provida, cuya organización también participará en la Marcha del próximo 29 de abril.

El fallo subraya que el Estado debe tolerar "el ejercicio público y privado de una religión"

Nos vamos ahora a Argentina, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo que establece que todo lo relativo al registro de sacramentos constituye materia eclesiástica, sobre la que el Estado no puede interferir, recoge Aciprensa. 
 
La decisión responde al pedido de una persona ‘trans’, que solicitaba al Arzobispado de Salta que modifique sus registros de Bautismo y Confirmación. Quien presentó la demanda pedía que se anulen las actas y se emitan otras nuevas, adecuadas a su nuevo nombre y a la identidad de género autopercibida.

El fallo subraya que el Estado debe tolerar "el ejercicio público y privado de una religión", lo que "fulmina cualquier intento de inmiscuirse en los asuntos que no exceden del ámbito de la competencia de la Iglesia en cuestión”. Por eso, no se puede canalizar a través de órganos estatales el disenso individual sobre ciertos aspectos del dogma, doctrina, culto o disciplina.

Cuando han pasado 18 meses de aquella resolución, humildemente le pedimos que se reitere a las autoridades cubanas la exigencia de liberación de nuestros familiares

Y cincuenta familiares de presos políticos cubanos pidieron este miércoles a Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, que exija a La Habana el cumplimiento de las resoluciones aprobadas por la Eurocámara y que la Comisión Europea utilice el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación para pedir la liberación de todos los presos políticos y de conciencia en Cuba.

En una carta entregada en esa sede por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), los firmantes indicaron que acuden “buscando solidaridad en nuestro afán incansable por lograr la liberación de nuestros seres queridos injustamente presos”.

El documento recuerda que en septiembre de 2021 el Parlamento Europeo aprobó la histórica resolución P9_TA(2021)0389 sobre la represión gubernamental de las protestas y de los ciudadanos en Cuba, pero, “cuando han pasado 18 meses de aquella resolución, humildemente le pedimos que se reitere a las autoridades cubanas la exigencia de liberación de nuestros familiares”.