El acuerdo fue firmado por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el primer ministro albanés, Edi Rama, en Roma
Italia y Albania han firmado un acuerdo por el que este país acogerá dos centros de asilo para inmigrantes ilegales, financiado por Roma, con capacidad de hasta 3.000 personas cada uno.
En virtud de este acuerdo, los inmigrantes cuyas solicitudes de asilo sean rechazadas por las autoridades italianas serán deportados de Albania, donde se tramitará su repatriación. Pero no podrán ser niños ni mujeres embarazadas ni otras personas vulnerables.
Se prevé que para la primavera de 2024, puedan recibir hasta 36.000 inmigrantes anualmente, desde su acogida hasta su repatriación.
El acuerdo fue firmado por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el primer ministro albanés, Edi Rama, en Roma.
El acuerdo fue firmado por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el primer ministro albanés, Edi Rama, en Roma
Los centros, que se construirán en los puertos albaneses de Shengjin y Gjader, "cumplen plenamente la Unión Europea y el derecho internacional", afirmó Meloni durante la rueda de prensa. Los centros “no son para menores, mujeres embarazadas u otros sujetos vulnerables”, dijo Meloni.
“El acuerdo consiste en que Albania cederá a Italia la posibilidad de utilizar algunas zonas del territorio albanés en las que Italia podrá construir, a sus expensas y bajo su jurisdicción, dos instalaciones en las que instalar centros para la gestión de inmigrantes irregulares. Estas instalaciones podrán acoger inicialmente hasta 3.000 personas, que permanecerán en estos centros el tiempo necesario para poder concluir rápidamente los procedimientos de tramitación de las solicitudes de asilo y, eventualmente, de repatriación”, dijo Meloni.
"En los dos centros permanecerán durante el tiempo necesario para los trámites. Una vez en pleno funcionamiento, podría haber un flujo anual de 36.000 a 39.000 personas", dijo Meloni. "Italia proporcionará el personal para procesar las solicitudes, pero Albania proporcionará policía para seguridad y vigilancia", añadió Meloni.
Grupos de derechos humanos han calificado la medida como un “Guantánamo italiano”. Por lo que, tras las críticas recibidas por el acuerdo, Antonio Tajani, vicepresidente del Ejecutivo italiano y ministro de Asuntos Exteriores, ha salido en su defensa, asegurando que cumple con todas las normativas de la Unión Europea.
