Prosigue el goteo de informaciones sobre los escándalos de corrupción en el entorno del Gobierno y del PSOE.
El juez instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha citado a declarar como investigado, el próximo 30 de junio, al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a la vez que ha permitido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigar su patrimonio y su correo corporativo en la sede del PSOE, cosa que hacían sus agentes esta misma mañana.
Los agentes de la UCO también han acudido a las oficinas de ADIF, la Dirección General de Carreteras y el Ministerio de Transportes en busca de documentos y pruebas sobre la presunta trama de corrupción en el 'Caso Santos Cerdán', que recordemos ha sido el número 3 del PSOE de Pedro Sánchez hasta hace dos días.
Por otra parte, también hoy, el magistrado del Supremo Leopoldo Puente ha enviado a la Audiencia Nacional los "indicios consistentes" que existen contra la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera y el exdirector general de Carreteras Javier Herrero por presuntas adjudicaciones irregulares a constructoras. A ambos no les puede investigar este juez por no ser aforados. Recordemos que Pardo de Vera ya está siendo investigada por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias en la contratación de Jessica Rodríguez, la amante del exnúmero 2 de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos.
Como recogió Hispanidad, la UCO de la Guardia Civil encontró en un registro a un empresario ligado a Santos Cerdán (de nombre Joseba Antxon Alonso) un documento -escritura privada- que desmotaría que Alonso habría traspasado a Cerdán el 45% de las acciones de Servinabar, una de las empresas navarras a las que el Gobierno foral presidido por la socialistaMaría Chivite adjudicó la obra del túnel de Belate (Navarra), por una cantidad de 76 millones de euros.
Según publica hoy El Confidencial, Chivite adjudicó 7,8 millones a la empresa de Cerdán para construir vivienda de protección oficial. Por lo que, en total, el Gobierno navarro ha concedido 15,1 millones para construir vivienda pública a la empresa de quien fuera secretario de Organización del PSOE y mano derecha de Pedro Sánchez.
The Objective añade que Servinabar logró la adjudicación de tres obras públicas en Navarra pese a que era una empresa que, según su constitución en 2015, se dedicaba a «servicios para trabajos administrativos como archivos, digitalización y destrucción de documentos, bibliotecas, cobros, encuestas, toma de datos, lectura de contadores, organización de todo tipo de eventos como congresos, ferias y exposiciones, ruedas de prensa, servicios de portería, control de accesos o información al público».
Libre Mercado (Libertad Digital) explica en una información que la presidenta navarra María Chivite adjudicó dos contratos públicos a Lauburu SL, una empresa vinculada a su tío, Óscar Chivite, de la que fue administrador único hasta el 11 de septiembre de 2023. Estas licitaciones fueron otorgadas en 2021 y 2024.
Por su parte, El Mundo asegura hoy que Servinabar contrató al alto cargo de María Jesús Montero al que la ministra ya no podía mantener por estar imputado: Vicente Fernández, ex presidente de la Sepi.
A todo esto, la empresa Servinabar ha emitido un comunicado, publicado en Diario de Noticias, en el que afirma que “Santos Cerdán no ha sido nunca, ni es socio de Servinabar 2000, S.L.”. En el comunicado el administrador único de la compañía, Antxon Alonso Egurrola, quien asegura que “no existe ninguna escritura en la que el Sr. Cerdán haya adquirido participaciones sociales de la empresa”. «Tanto la empresa, como su administrador hemos venido operando durante todos estos años con respeto absoluto de la normativa vigente en materia de contratación pública, sin recibir ningún trato de favor, ni realizar ninguna actuación ilegal».
Veremos qué dicen los jueces al respecto.
Y es que hay tal ingente cantidad de material para examinar que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha tenido que lanzar esta misma semana una oferta para ampliar su plantilla, "dadas las necesidades de personal existentes", según El Español.
Además, el Supremo también ha enviado a la policía al Ministerio de Transportes, que hoy regenta Óscar Puente. Eso sí, según Puente, no hay problemas, porque no se trata de un registro sino de una petición dei nformación... que es muy distinto.
