El Tribunal Constitucional (TC) se ha reunido para avalar o no la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial de marzo de 2021 (la Ley Orgánica 4/2021) --reforma realizada por el Gobierno de Pedro Sánchez-- que limita las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mientras esté en funciones.

Y la principal limitación que el autócrata Pedro Sánchez quiere imponer al CGPJ es que este órgano no pueda designar jueces para instancias judiciales como el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, tribunales superiores de justicia y audiencias territoriales. 

Dicha reforma fue recurrida ante el TC por PP y Vox. Y lo curioso es que dentro del TC ha habido dos ponentes con dos propuestas distintas: la de la magistrada progresista, María Luisa Balaguer, y la otra del conservador César Tolosa. 

¿A que no se imaginan lo que propone la magistrada progresista Balaguer? ¡Bingo! Avalar la reforma de Sánchez (al contrario que Tolosa, claro). 

En concreto, Tolosa dice que la reforma es inconstitucional porque ninguna reforma legislativa puede inmiscuirse en las funciones del CGPJ para realizar nombramientos porque atentaría contra la independencia del poder judicial (uno de los tres poderes del Estado). 

Y, ¿a que no se imaginan cuál ha sido la decisión del TC, dominado por los siete jueces sanchistas (que son mayoría), empezando por el presidente, Cándido Conde Pumpido? ¡Bingo! Dar la razón a Sánchez y aprobar su reforma.

Ello traerá como consecuencia que el CGPJ no podrá efectuar nombramientos pese a los llamamientos desesperados del Tribunal Supremo para que se ponga fin a esta situación. Y también traerá como consecuencia un grave atentado a la independencia del tercer poder del Estado… y esto avalado por el mismísimo TC. 

Pero es que, recuerden, el régimen sanchista ha extendido sus tentáculos en todas las instituciones del Estado. Lo cual deja a la democracia española a los pies de los caballos.