En España tenemos una democracia bastante defectuosa. Porque no funcionan los contrapesos entre los tres poderes. 

Y el régimen sanchista tiene buena parte de culpa en ello. 

Tras hacerse con el control del Tribunal Constitucional —de mayoría sanchista, con Cándido Conde Pumpido, ex fiscal general del PSOE, como presidente, y con el exministro de Justicia Juan Carlos Campo entre sus integrantes, vaya independencia judicial—  ahora el régimen sanchista pretende hacerse con el control del órgano de Gobierno de los jueces, es decir, el Consejo general del Poder Judicial (CGPJ). 

Para ello prepara una maniobra consistente en una posible dimisión en bloque del sector sanchista (ocho vocales) con el fin último de forzar su renovación, ya que, con su renuncia, se pondría en peligro el quorum de 11 vocales que se necesita para que las decisiones del Consejo sean válidas.

Con esa finalidad el bloque sanchista del CGPJ tenía previsto reunirse hoy viernes a petición del vocal asturiano Álvaro Cuesta y tras la dimisión de su compañera Concepción Sáez (elegida a propuesta de IU), que aún no ha sido aceptada por el presidente interino de la institución, Rafael Mozo.

Actualmente, el CGPJ está formado por 18 vocales, ocho progresistas –incluido Mozo– y 10 conservadores, dos menos de los que debería tener porque durante los cuatro años de interinidad del Consejo el vocal Rafael Fernández Valverde se jubiló y Victoria Cinto falleció.

Cabe recordar que el mandato del CGPJ caducó en diciembre de 2018 y está en funciones desde entonces, sin haber llegado a acuerdos el PSOE y el PP para su renovación. Y otra vez la misma pregunta: ¿Independencia judicial, cuando se necesita el acuerdo de partidos políticos para renovarlo? 

Ambas cosas suponen un flagrante atentado contra la libertad de los padres, que son quienes mejor conocen a sus hijos, quienes más les quieren y por tanto quienes mejor decidirán en qué tipo de centro educativo escolarizar a sus hijos. Sobre todo en el caso de los colegios de educación especial

Volviendo al Tribunal Constitucional, de que está dominado por el sanchismo no cabe duda, pues acaba de avalar tres leyes sanchistas: la de eutanasia, la del aborto y ayer la Ley Celaá o ley educativa sanchista, que asesta un duro golpe a la libertad de los padres para educar a sus hijos como ellos deseen, algo que se opone a la propia Constitución, que reconoce en su artículo 27 la libertad de los padres para educar a sus hijos conforme a sus convicciones y para erigir centros docentes a los que llevar a sus hijos.

Fue ayer cuando el actual TC sanchista rechazó de forma íntegra el recurso interpuesto por Vox contra la actual Ley de Educación, también conocida como Ley Celaá. Y además, encargó al ponente (dicen que conservador), Ricardo Enríquez, que rectifique su ponencia inicial que defendía el derecho a la financiación pública de los colegios de educación diferenciada (los que separan por sexos al alumnado) y que defendía también la prevalencia de los padres a elegir para sus hijos con necesidades especiales la educación especial. 

Anular cosas supone un flagrante atentado contra la libertad de los padres, que son quienes mejor conocen a sus hijos, quienes más les quieren y por tanto quienes mejor decidirán en qué tipo de centro educativo escolarizar a sus hijos. Sobre todo en el caso de los colegios de educación especial, ya que la Lomloe establece que en el plazo de 10 años los centros ordinarios tengan los medios adecuados para escolarizar a los niños con discapacidad, lo que quiere decir que estos desaparecerán poco a poco...

En este punto, el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia y la Asociación Nacional de Centros de Educación Especial han emitdo un comunicado en el que advierten que "la norma tendrá efectos adversos para los estudiantes con discapacidad que se tengan que integrar a la fuerza en la educación ordinaria, por la limitada capacidad de esta última para dar respuesta a las necesidades de este alumnado y asegurar su bienestar.  Así lo exponen en el manifiesto por el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, elaborado por CEDDD y ANCEE, en el que advierten también que la LOMLOE quita la potestad a la familia para elegir la educación del menor con discapacidad y se la da a un profesional, al establecer que será esta figura la que evalúe y valore qué tipo de centro le corresponde al menor. Más allá de este derecho reconocido en la carta magna y por la comisión de los Derechos Humanos, está el hecho irrefutable de que nadie mejor que los padres puede garantizar el interés superior del menor, titular último de todos los derechos fundamentales, consiguiendo una educación adaptada a sus necesidades académicas, afectivas y sociales".

Por otra parte, varias sentencias anteriores de los tribunales españoles, incluido el propio Constitucional, habían respaldado el derecho a la financiación pública de los colegios de educación diferenciada. 

Por otra parte, como recuerda Religión en Libertad, la Ley Celaá degrada la religión a materia no computable y convierte la perspectiva de género en un principio pedagógico. Y tampoco garantiza la enseñanza del castellano en autonomías con lengua cooficial.

Esto es lo que hay. ¿Se atreverá el PP a derogar la Ley Celaá, en caso de llegar al poder? Eso está por ver…