La Corte europea con sede en Estrasburgo considera que las denuncias son "infundadas" y no ve indicios de vulneraciones de los derechos fundamentales
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, ha desestimado los dos primeros recursos presentados contra el Estado por las cargas policiales durante el referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. La Corte europea con sede en Estrasburgo considera que las denuncias son "infundadas" y no ve indicios de vulneraciones de los derechos fundamentales, recoge El Periódico.
La decisión es definitiva y no se puede recurrir. Sin embargo, esto no impide a otros afectados por las cargas policiales del 1-O apelar también al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo cuando acabe el proceso judicial correspondiente en España, recuerda El Periódico.
Cabe recordar que el pasado mes de mayo, la Audiencia Provincial de Barcelona rechazó investigar a los mandos responsables de la Policía Nacional en Cataluña por su gestión durante el 1-O al considerar que no había «ningún indicio de la existencia de una instrucción concreta de actuar el 1 de octubre de 2017 con contundencia o usar una mayor violencia que la imprescindible».
El pasado mes de mayo, la Audiencia Provincial de Barcelona rechazó investigar a los mandos responsables de la Policía Nacional en Cataluña por su gestión durante el 1-O
Y cabe recordar también que el pasado mes de junio, el Consejo de Europa avaló la actuación de España en relación a los políticos independentistas catalanes al considerar la actuación de estos como "inconstitucional e ilegal".
El relator del informe, Boriss Cilevics, reconocía que la actuación de los líderes independentistas fue inconstitucional e ilegal y desafió los mandatos expresos del Tribunal Constitucional. Además, el relator del informe admite que la reacción de la Administración de Justicia de España en defensa de la legalidad vulnerada tuvo lugar dentro de los parámetros de un Estado de Derecho.
En su relato, Cilevics también reconoce en la redacción del texto de resolución que “España es una democracia vibrante, donde impera una cultura de debate público abierto y libre, y donde la mera expresión de puntos de vista pro-independentistas no proporciona base alguna para abrir una causa penal. La APCE respeta plenamente el orden constitucional de España”.
En la misma línea, en el punto 8.8 de la resolución, añade que “la Asamblea, finalmente, respeta la independencia de los tribunales españoles para resolver los recursos pendientes y respeta al mismo tiempo la facultad de apelar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.
