El juez Manuel García-Castellón, perseguido por el régimen sanchista
El 'régimen sanchista' ha puesto toda su maquinaria en funcionamiento para desprestigiar al magistrado que le está complicando la vida, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón.
Como ha informado Hispanidad, el juez de la Audiencia Nacional (sala sexta) García-Castellón investiga al fugitivo de la justicia española, Carles Puigdemont (y a Marta Rovira, de ERC, y a otras diez personas), en un delito de terrorismo por su relación con los incidentes que protagonizó en Cataluña la plataforma 'Tsunami Democrátic' en 2019 (entre otras cosas, el asalto al aeropuerto de El Prat), al rebelarse contra la sentencia del Supremo que condenó a los políticos independentistas del 1-O.
La importancia de imputar a Puigdemont por un delito de terrorismo estriba en que sería mucho más difícil que los tribunales de la Unión Europea avalasen la amnistía (que acabará en los tribunales europeos, seguro, como una cuestión prejudicial) que le está tramitando ya Pedro Sanchez a 'Puchi' a cambio de los votos de Junts para poder seguir siendo presidente del Gobierno (sí, así de fuerte).
Se da la circunstancia de que Puigdemont, al ser aforado (por ser europarlamentario) sólo puede ser juzgado por el Tribunal Supremo. Por eso, García-Castellón elevó el caso al Tribunal Supremo el pasado mes de noviembre, que tiene todavía que pronunciarse sobre si acepta o no el caso.
Pues bien: se ha sabido que el fiscal del Supremo al que le ha tocado este caso (el 'caso tsunami'), Álvaro Redondo, ha redactado un informe en el que avala la tesis del fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, quien no veía esos 'indicios de terrorismo'.
Pero lo más fuerte es que el tal Redondo redactó un primer informe en el que sí veía esos 'indicios de terrorismo' (y por tanto habría que abrir una causa en el Supremo a Puchi), pero tras entrevistarse con el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, misteriosamente, cambió de opinión'...
Lo que recuerda mucho al 'cambio de opinión' del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, quien el 22 de julio consideraba terroristas a Puigdemont (Junts) y a Marta Rovira (ERC) en el mismo caso Tsunami, pero el 24 de julio (cuando se supo que Sánchez necesitaría los 7 votos de Junts para ser presidente) cambió de opinión...
A todo esto, hoy también ha sido noticia que de nuevo la Fiscalía --de la Audiencia Nacional-- se opone a investigar los chats de Sortu en los que presuntamente hay directrices a presos de ETA y por los que el juez García-Castellón investiga un presunto delito de humillación a las víctimas de ETA en esta causa.
¿Se acuerdan de las declaraciones de Pedro Sánchez: "'¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso?'".
Un juez García-Castellón -por cierto, se jubila el próximo 16 de octubre a la edad de 72 años, tras haber agotado todas las prórrogas- que si de algo sabe es de terrorismo, pues actuó como juez de enlace entre España y Francia en los casos de terrorismo de ETA.
Conviene recordar también los ataques al juez por parte del propio Gobierno de Sánchez (el de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, por ejemplo); y, por supuesto, de todos sus socios de Gobierno (Junts, ERC, EH Bildu, PNV, Sumar, etc).
Por eso, esta tarde -lunes 5 de febrero- el CGPJ se reúne para tratar los recientes ataques de políticos a los jueces desde nada menos que el Congreso, como los de Miriam Nogueras (Junts), Martina Velarde (Podemos), Gerardo Pisarello (Sumar), etc).
Y por eso, hoy el PP ha pedido al fiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz, que explique en el Congreso el cambio de opinión de su subordinado, Álvaro Redondo, en el caso Tsunami Democratic. Además, el PP mañana presentará en el Congreso una iniciativa para que los asesinatos de ETA sean considerados de 'lesa humanidad' y para prohibir los homenajes a etarras.
Por cierto que juristas han avisado de que una posible reforma de delitos de terrorismo en el Código Penal podría tener las mismas consecuencias que la ley del sólo sí es sí...
Todo este ataque a un juez para desprestigiarlo es algo nunca visto en democracia española, pero es que con Pedro Sánchez se está produciendo una degradación inédita del sistema democrático español... Porque Sánchez ha implantado un 'régimen', el sanchismo, con terminales que influyen a su favor en todos los ámbitos del sistema: poder judicial (el Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido trabaja para el sanchismo o la Fiscalía general del Estado), medios de comunicación, empresas, etc.
