El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, insistió ayer en su tesis de imputar al fugitivo de la justicia española, Carles Puigdemont (y a Marta Rovira), en un delito de terrorismo por su relación con los incidentes que protagonizó en Cataluña la plataforma 'Tsunami Democrátic' en 2019 (entre otras cosas, el asalto al aeropuerto de El Prat), al rebelarse contra la sentencia del Supremo que condenó a los políticos independentistas del 1-O.  

De esta manera, el juez García-Castellón (que en otras ocasiones ha juzgado la presunta corrupción en el entorno del PP, en casos como Púnica, Lezo o Kitchen) se oponía a la intención de la Fiscalía ("¿para quién trabaja la fiscalía? Pues eso", Sánchez dixit) de impedir que esta causa acabe en el Tribunal Supremo. 

Se da la circunstancia de que Puigdemont, al ser aforado (por ser europarlamentario) solo puede ser juzgado por el Tribunal Supremo, que, por cierto, todavía no ha aceptado el caso (todavía no se ha pronunciado).

Pero la importancia de imputar a Puigdemont por un delito de terrorismo estriba en que sería mucho más difícil que los tribunales de la Unión Europea avalasen la amnistía (que acabará en los tribunales europeos, seguro, como una cuestión prejudicial) que le está tramitando ya Pedro Sanchez a 'Puchi' a cambio de los votos de Junts para poder seguir siendo presidente del Gobierno (sí, así de fuerte). 

Y por eso, esta mañana, miembros del Gobierno como la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, han acusado al juez García Castellón poco menos que de prevaricar: "Yo sería muy cauta con respecto a la manera en la que se estaba pronunciando este juez, que como digo nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esta misma dirección, que evidentemente tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos políticos sensibles".

Ante estas no precisamente inocentes palabras de Ribera, el PP ha salido en tromba para calificarlas como de “una gravedad extrema”. “El Sanchismo asume el discurso independentista de que la Justicia no es imparcial y Ribera pone voz a los que dicen que en España hay lawfare”, añade el PP.